La Asociación de Vecinos del PAI Torre la Sal de Cabanes remitirá a la Fiscalía una denuncia «por la situación insostenible de la urbanización en general y los accesos más próximos a las viviendas en particular, que perjudica y ponen en riesgo los intereses de los residentes». Así lo informa en un comunicado el presidente de la entidad, Salvador Laborda, quien añade que también presentarán una reclamación ante el Defensor del Pueblo, pues ellos no tienen «la obligación de soportar este problema como consecuencia de la dejación consciente por parte del Ayuntamiento de sus obligaciones, sin que para ello haya justificación alguna», detalla.

Además, estudian acciones administrativas «por los daños» que se les están produciendo de forma «consciente, haciendo responsables al consistorio y a la alcaldesa, Virginia Martí, de cualquier desgracia personal y material que pudiera ocurrir por su inactividad en el cumplimiento de sus obligaciones y su desprecio a la legalidad vigente», remarca.

En concreto, los propietarios de pisos en esta zona residencial se quejan de la falta de iluminación en las zonas adyacentes y en los accesos, especialmente, en el tramo comprendido entre Playa Ribera y el poblado de Torre la Sal. Un problema que reclaman que se solucione de forma «inaplazable» «porque dota de seguridad la urbanización», detalla.

Aseguran que la propia alcaldesa les dio «esperanzas de que se podría ejecutar». Sin embargo, tras la última reunión celebrada con la primera edila sus sueños «quedaron truncados por la negativa del consistorio», indica.

Entre los hándicaps que pusieron sobre la mesa la munícipe y dos técnicos municipales se encuentra la falta de recepción de las obras, pues «no se puede hacer ninguna actuación» hasta que se produzca este trámite, aseguran los damnificados. «Estamos supeditados a que se acabe la intervención por parte de la empresa y, entonces, el Ayuntamiento realizará los trabajos de mantenimiento necesarios», añaden.

PRÓRROGA / Sin embargo, critican que el equipo de gobierno tiene un informe de hace cuatro años que ve favorable darle la prórroga a la mercantil para culminarla. «Incluso hay uno de un abogado externo», matizan. Ahora, lejos de resolver el asunto «tras comprometerse el verano pasado», «la alcaldesa quiere otro documento de otro letrado».

Asimismo, alertan de la presencia de «ratas, la falta de señalización y los asentamientos».