Un amplio dispositivo de Guardia Civil se trasladó ayer a una parcela montañosa de la Vall d’Uixó para proceder a un desalojo, previo a la demolición de una casa, en virtud del fallo judicial que sentencia que Ramón Segovia, su propietario, la había construido en terrenos tipificados como una reserva paisajística.
Así se pone fin a una batalla personal contra el Ayuntamiento y los tribunales del afectado, convencido de la legitimidad de su decisión de edificar, apelando a un acuerdo que alcanzó con la Cámara Agraria en el año 1976.
Antecedentes
El origen de este caso se remonta al 2012, cuando Segovia inicia las obras para levantar una casa «para usos agrícolas». Lo hizo porque, «en 1976, cedí parte de mi propiedad para que el Ayuntamiento pudiera abrir un camino donde estaba una vieja edificación de labranza». Dice que le pedían ocupar unos 3 metros de ancho «y yo les cedí 4, para que no hubiera problemas a la hora de circular».
Para abrir el citado eje viario, siempre según el relato de Segovia, no tuvo inconveniente en demoler la construcción original, aunque con la condición de que, «en el futuro, cuando yo lo necesitara, podría volverla a obrar» y así se dejó constancia escrita.
Tuvieron que transcurrir casi 40 años hasta que quiso recurrir a lo pactado. Reconoce que inició los trabajos «sin licencia municipal», aunque se defiende al argumentar que «no quisieron dármela». Un día, un agente forestal se personó en el lugar y le indicó que no podía obrar y allí empezaron sus problemas. Segovia aduce que los técnicos del Ayuntamiento no atendieron al documento al que hace referencia y que lo legitimaría, según dice, para seguir adelante con su proyecto y acabó en los juzgados.
Un juez, años después, dio la razón al consistorio y, en sentencia firme, ordenó el derribo de la vivienda por encontrarse en «reserva paisajística». Y esa sería la clave de la defensa de Ramón Segovia: «El juez ha juzgado bien, pero en base a una información falsa, porque Catastro reconoce que pueden haber errores» en la delimitación de propiedades en la zona en litigio.
Los técnicos señalan que intervino en las parcelas 516 y 727 y él niega que la última esté afectada. Así lo hizo constar y su malestar estriba en que el magistrado le informó de que «él solo podía parar la demolición si el Ayuntamiento reconocía que había un error en las parcelas». Lo que no ha sucedido. De hecho, sobre el caso, desde el consistorio se limitaron ayer a remitirse a la sentencia, sin ofrecer más detalles al respecto.
Segovia dice que desde el 2012 «he acumulado 25 ó 30 kilos de documentación» y, ayer, tras ver su casa reducida a escombros, salió a las calles del centro con un micrófono para explicar lo sucedido a los vecinos de la Vall.
