El director general de Escal UGS y coordinador del proyecto Castor, Carlos Barat, fue ayer el último de los 20 investigados por el caso Castor en prestar declaración en el Juzgado de Instrucción número 4 de Vinaròs. Y lo hizo en la línea del presidente de Escal UGS, Recadero del Potro, al minimizar los seismos registrados en la zona tras la inyección de gas.

Si el pasado noviembre, Del Potro afirmó al juez que los temblores percibidos equivalen a las vibraciones en viviendas cuando pasa un camión, ayer Barat negó, incluso, que los más de 500 seismos que se registraron en septiembre del 2013, coincidiendo con la inyección de gas, fueran perceptibles por la población e incluso por los propios operarios de la planta del almacén de gas.

El director general de la concesionaria, además, rechazó que fuera necesario un estudio previo del riesgo sísmico porque la zona donde se encuentra el almacén subterráneo no está calificado de alto riesgo, según informaron fuentes de la representación letrada de Arca Ibérica, personada como acusación. No obstante, ante el juez, Barat admitió que la empresa había previsto la posibilidad de terremotos de un máximo de 4,7 grados en la escala de Richter, a pesar de que no constaba en la documentación aportada. Cabe recordar que el seísmo más fuerte detectado en la zona y perceptible por la población alcanzó los 4,2 grados.

investigados // Con el director general de Escal UGS se cierra el capítulo de declaraciones de investigados (denominación que sustituye a la de imputado, tras la reforma de la ley de enjuiciamiento criminal) ante el juzgado que instruye las presuntas irregularidades en la concesión de la explotación del proyecto Castor. Los interrogatorios comenzaron el 19 de octubre del pasado 2015 y por las dependencias judiciales han pasado altos cargos del Ministerio de Industria y de Medio Ambiente, cuando se llevó a cabo la tramitación del proyecto y la oportuna declaración de impacto ambiental; del Instituto Gerológico y Minero de España, que elaboró el informe donde no se apreciaban riesgos sísmicos; y de la empresa que explotó la planta, Escal. El juez ve indicios de los delitos de prevaricación ambiental y contra el medio ambiente y los recursos naturales.

La causa supera los 13.000 folios y fue declarada compleja en enero, por lo que el plazo de instrucción pasa de 6 a 18 meses. H