Hace 10 días, el Ayuntamiento de la Vall d’Uixó anunciaba la aprobación de un ERTE que afectaba a los 74 empleados de la firma pública Emsevall, que entre otros servicios gestiona la piscina municipal, la limpieza de edificios que dependen del consistorio y la explotación de les Coves de Sant Josep. Justificaron la medida por la pérdida de 400.000 euros que supone el cierre de la cueva turística, su principal fuente de ingresos. Un expediente que ha motivado la disconformidad del comité de empresa, que señala que no se negociaron los aspectos que afectan a la paralización de la actividad y a los empleados involucrados.

Los representantes de los trabajadores aseguran que los responsables de Emsevall «se han limitado a informar a los representantes sindicales, que es la obligación que marca la legislación aplicable en materia de ERTE» y que, de hecho, es el argumento que ayer expusieron desde el equipo de gobierno al respecto para defender la gestión, el cumplimiento de la ley.

Desde el comité, en un comunicado, lamentan que «en ningún momento» han tenido «la opción de acordar las condiciones, como el número de personas afectadas o las cuantías a cobrar», Y advierten de que están «vigilando que el proceso se adapte a la ley y que no se vea menoscabado ningún derecho», subrayan. Un extremo que desde el consistorio garantizan sin ninguna duda.