Un total de doce empresas de toda España optan a la ejecución del derribo del edificio de 38 viviendas situado en el número 167 de la avenida José Ortiz de Almassora, conocido como Grupo B.
La adjudicación definitiva está prevista para los próximos días, según señalan desde el consistorio, tras convocar un nuevo concurso público después de que una de las mercantiles advirtiera de un error de forma en el pliego formulado por la Entitat Valenciana d’Habitatge i Sòl (EVha) de la Generalitat valenciana, al carecer de la partida económica destinada a la gestión de los residuos.
El número de empresas candidatas a la licitación, una vez conocidos los resultados de la apertura del primer sobre realizada a finales del pasado mes de julio, se sitúa en una docena, dos más respecto al concurso inicial que fue suspendido. Entre las mercantiles se encuentran dos castellonenses y tres valencianas, así como otras repartidas por diferentes puntos del territorio nacional como Navarra, Madrid, Cataluña o Murcia.
No obstante, habrá que aguardar a la apertura del segundo sobre, que es el que incluye la proposición económica, para conocer si se produce alguna exclusión por la diferencia relativa al valor estimado del contrato, establecido en 345.032,68 euros más IVA, o por falta de documentación.
Nuevos plazos
El error producido en el primer proceso de adjudicación ha obligado a modificar el calendario de plazos para el derribo previsto inicialmente, que ahora reprograman para que se produzca durante los próximos meses de otoño. La empresa que resulte adjudicataria dispondrá entonces de tres meses para desarrollar y concluir la totalidad de los trabajos planteados, a contar desde que se firme la debida acta de replanteo.
Las viviendas del bloque se encuentran vacías y tabicadas desde la pasada legislatura para evitar la ocupación ilegal y prevenir accidentes como el que, en noviembre del 2013, se cobró la vida de una mujer por un incendio.
Además, el Consell aceptó la opción de la demolición, tal y como reclamaban los vecinos de la zona, ya que los estudios realizados evidenciaron que el coste de rehabilitación integral superaba la mitad del valor de una edificación similar de nueva planta, en un bloque que está también fuera de ordenación urbanística.
Inicialmente el bloque estaba conformado por 96 viviendas, de las que 56 fueron demolidas años atrás. El derribo que plantea ahora el Consell no comportará la permuta de suelo ni la construcción de viviendas en otras zonas del municipio, según el acuerdo entre las administraciones.
