La Asociación de Propietarios a Favor del PAI Golf Sant Gregori, en su segunda asamblea anual, han apremiado a los cuatro bancos acreedores a «mover ficha» respecto a la oferta en firme presentada por el grupo inversor que se ha hecho con la urbanizadora.

Este grupo de dueños de terrenos, que suman en torno al 35% de los 2,5 millones de m2 afectados por el proyecto urbanístico, confía en que se acepte la propuesta y «que sea cuanto antes, tras 17 años de historia del PAI, del que aún no se ha urbanizado ni un solo metro cuadrado».

De hecho, el Ayuntamiento de Burriana es el que va a llevar a cabo el asfaltado completo de un camino que une el casco urbano con el mar y que discurre por el interior del suelo proyectado, ante la falta de previsión de inicio de las obras y el mal estado en el que se encuentra el firme.

La entidad de propietarios hace especial hincapié en «la falta de respuesta de la banca acreedora a la oferta del inversor», algo que se ve con preocupación, puesto que creen que el futuro de Golf Sant Gregori depende en gran medida de que haya un acuerdo entre las partes. «Si no se llega a un pacto en un breve plazo de tiempo, ello supondrá la muerte del proyecto ante la inexistencia de un Plan B que permita el desarrollo urbanístico del mismo», aseguran.

ACCIÓN CONJUNTA // Los cuatro bancos acreedores del PAI actúan de manera conjunta y como si fuesen un único ente a la hora de negociar con el grupo inversor la quita que este les ha propuesto para sacar adelante el plan.

Según los dueños de la tercera parte del suelo, esta es una situación «indeseada» y, en el supuesto de que fallen las negociaciones, han acordado «informar a los asociados de las acciones judiciales a adoptar en defensa de sus intereses que, además de la pérdida de una oportunidad histórica para Burriana, podrían alcanzar un montante de 250 millones de euros en indemnizaciones por responsabilidad patrimonial».