Desde el 2012 hasta la actualidad, los vecinos de la Vall d’Uixó que realizaban algún tipo de obra que requería de un proyecto arquitectónico se veían sometidos a un gravamen por un importe de 250 euros por cada modificado, fuera del tipo que fuera, lo que suponía que en ocasiones el mismo propietario estaba obligado a abonar hasta 10 veces la misma tasa. El actual equipo de gobierno ha decidido poner fin a una situación que la concejala de Urbanismo, Francesca Bartolomé, tilda de «afán recaudatorio».
El matiz que se incorporará a la ordenanza que regula este apartado detallará que en el momento en que un ciudadano presente un modificado de obra ante el consistorio y asuma el importe que se le solicite, así como los cambios requeridos por los técnicos, ya no deberá volver a hacerlo, independientemente de la cantidad de cambios que se introduzcan hasta que los trabajos contemplados finalicen.
EXPEDIENTES ABIERTOS / Esta variante de la tasa, «creada por el gobierno popular de Óscar Clavell», provocó que algunos afectados no abonaran un «sobrecoste» en la reforma o construcción de sus viviendas, que en algunos casos llegó a alcanzar los 2.500 euros. En su día, se les abrió un expediente que el actual equipo de gobierno ha decidido «archivar» en los casos en los que los ciudadanos ingresaron el dinero del primer modificado y atendieron a las indicaciones de los técnicos municipales, por lo tanto, ya no existe la deuda requerida.
En situación distinta se encontrarán quienes en su día no cumplieran con los matices indicados. En su caso, deberán restaurar la legalidad urbanística.
