El Ayuntamiento de la Vall d’Uixó celebró ayer un pleno extraordinario, a petición del Partido Popular, que solicitaba información sobre el contrato que el consistorio tiene con la empresa Secopsa, adjudicataria del servicio de limpieza viaria y recogida de basura de la ciudad, puesto que “tanto el PSPV como Esquerra Unida han sido insistentes al respecto cuando estaban en la oposición y presentaron mociones en este sentido, porque decían que la empresa no cumplía; incluso habían pedido resolver el acuerdo”, explicó Elena Vicente-Ruiz.

Desde el equipo de gobierno, defendieron haber conseguido que la mercantil, “al contrario que ocurría con el PP, empiece a cumplir con el pliego de condiciones”, explicó el segundo teniente de alcalde, Jordi Julià. En concreto, el edil aseguró que en menos de un año han “logrado que Secopsa limpie los polígonos, contrate a más personal para cubrir el servicio, abandone los locales municipales en los que tenía las oficinas y guardaba los camiones, cambie los contenedores y las papeleras que lo necesitaban, riegue y baldee las calles, tenga una mayor frecuencia de paso en barrios como Carmaday y renueve el parque móvil”.

A estos avances se suma “haber llegado a un acuerdo por el que se han suspendido todos los juicios que la firma tenía contra el Ayuntamiento”. Al hilo, la alcaldesa, Tania Baños, manifestó: “No entiendo por qué el PP permitía que una empresa privada ocupara locales de todos los valleros, algo que ahora ya no pasa, gracias a nuestra presión, que ha hecho que la empresa haya comprado dos barredoras nuevas y dos camiones de la basura”.

Además, la empresa cuenta con otros propietarios. “Hemos dedicado muchas horas para hacerles cumplir con el pliego de condiciones”, afirmó Baños. “Les dijimos que si a 10 de diciembre del 2015 no empezaba a cumplir con el convenio, se firmaría la resolución del mismo”, recordó.

Sin embargo, desde el PP criticaron que “la alcaldesa se saltó el reglamento orgánico municipal, pues en el pleno solo dejó una intervención por grupo político de un máximo de cinco minutos, cuando nunca se ha limitado el tiempo en las comparecencias públicas”. Además, Vicente-Ruiz lamentó que “se trata de algo que ha sido objeto de procedimientos judiciales”, ha llegado hasta el Tribunal Supremo, a raíz de que el exalcalde y exdiputado Óscar Clavell fuera denunciado ante la Fiscalía y se haya ordenado la apertura de juicio oral. H