La ministra para la Transición Ecológica en funciones, Teresa Ribera, aseguró ayer que el sellado definitivo del almacén subterráneo de gas Castor requiere de «un proyecto de ingeniería compleja» que se pedirá a Enagás, a la que la ley encomendó su custodia.

A preguntas de los periodistas, antes de participar en Mérida en una reunión del PSOE de Extremadura, Ribera indicó que se está «ultimando» el expediente para el desmantelamiento de la infraestructura, situada frente a las costas de Vinaròs, y que se está desarrollando con «todas las cautelas», poniendo por delante las condiciones de seguridad.

Asimismo, la ministra recordó que el Gobierno anterior, presidido por Mariano Rajoy, inició el procedimiento para el cierre provisional, a la espera de tomar una decisión definitiva sobre si lo dejaba hibernado, por si acaso podía tener utilidad en el futuro.

La dirigente reafirmó que la posición del Ejecutivo actual es que la planta no puede volver a ser nunca utilizada, porque, a su juicio, hay que proceder sin más demora al taponamiento definitivo del emplazamiento subterráneo.

Tras varios años sin novedades en el funcionamiento del fallido proyecto, la administración central debe tomar una decisión sin demora, puesto que las piezas que en estos momentos sellan los pozos están a punto de finalizar su vida útil. Sustituir los tapones por otros supondría encarecer un mantenimiento que ya tiene un coste de cerca de nueve millones de euros anuales, desglosados entre la vigilancia las 24 horas al día de las instalaciones, más los honorarios de la empresa consultora que debe certificar periódicamente que el Castor sigue cumpliendo con las condiciones de seguridad requeridas.

LABOR COMPLEJA / Escribir el punto final a este episodio tendrá, según la documentación preliminar de la compañía Enagás, un coste de 265 millones de euros. Con este dinero debe pagarse la factura de la retirada de todo el equipamiento de la planta de tierra, ubicada en el término municipal de Vinaròs, y la desaparición de la estructura metálica que se divisa desde la costa del norte del Baix Maestrat. Un proceso que tiene un cronograma de casi cinco años hasta quedar totalmente completado. Será el expediente anunciado por la titular en funciones de Transición Ecológica el que dé la salida a las operaciones. Mientras tanto, sigue el proceso judicial abierto, por las posibles responsabilidades en los terremotos del año 2013.