Cuatro de las empresas de agua mineral que operan en Castellón advierten de que la futura ley de envases --cuyo anteproyecto está en tramitación--, tal y como está planteada, provocará pérdidas de empleo en el interior.

Con una actividad exclusiva de entornos rurales, alertan de que podrían peligrar 150 puestos de trabajo directos en municipios donde «no hay otras oportunidades», y todo, por el «sesgo ideológico y político» de una normativa que, a su modo de ver, pretende «hacer desaparecer el agua mineral embotellada», según denunciaron en la reunión que mantuvieron ayer en Artana con el diputado del PP Óscar Clavell y los senadores Vicente Martínez y Salomé Pradas, a quienes expusieron sus demandas respecto del Anteproyecto de Ley de Residuos y Suelos Contaminados, del Ministerio de Transición Ecológica.

«ATAQUE DIRECTO» / La filosofía de este texto --en la actualidad está en fase de estudio de alegaciones--, perseguiría la reducción de los envases de plástico, aunque los profesionales del embotellamiento de agua mineral consideran que es «atacando de manera directa e injustificada» su actividad.

Son varios los aspectos que inquietan en la Asociación de Envasadores de Agua y Refrescos de la Comunitat (AEARCV), a la que pertenecen Agua de Chóvar, Agua de Benassal, Agua de Cortes y Agua de Orotana. Uno tendría que ver con la penalización a través de un nuevo impuesto si no se utiliza el RPET (el plástico reciclado) para la fabricación de sus envases. Su presidente, Riccardo Cianfanelli, incidió en que, hoy por hoy, en España no existe capacidad productiva ni mercado secundario suficiente para cubrir la demanda de las envasadoras de todo el país con este material que, por otra parte, es un 40% más caro que el PET.

Las alternativas a la botella de plástico no son menos contaminantes, aseguran. El brick «es un material multicapa» que «se manda a China para ser recuperado», lo que en absoluto es sostenible. De hecho, defienden que si se articularan los mecanismos necesarios, esta industria sería capaz de recuperar la práctica totalidad de las botellas que pone en el mercado para reciclarlas, pero el actual sistema establecido no lo permite.

La ley plantea la creación de un nuevo impuesto «injusto, desproporcionado e inoportuno», denuncian, y que, finalmente, «supondrá más carga para el ciudadano», olvidándose de que se trata de un producto «de primera necesidad», y que supondría hasta un 10% más de coste de producción en un negocio «con márgenes muy pequeños». Señalan que para que los consumidores lo entiendan, sin este nuevo gravamen, una botella de plástico de agua, porcentualmente, «paga ya más impuestos que la gasolina».