Cuarto imputado en declarar en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 4 de Vinaròs que investiga las presuntas irregularidades relacionadas con la concesión de la explotación del almacén subterráneo de gas Castor, con las mismas conclusiones que los anteriores. Si los tres primeros procesados fueron técnicos del Instituto Geológico y Minero (IGM), ayer fue el turno del exdirector de este organismo, José Pedro Calvo Sorando, quien admitió que tuvo conocimiento del informe elaborado por el Observatorio del Ebro que alertaba de los peligros de la planta.

Con todo, según informaron fuentes de la Asociación Nacional Arca Ibérica, manifestó que los técnicos del IGM no consideraron que de dicho informe “se desprendieran elementos suficientemente sólidos como para considerar la existencia de un riesgo de sismicidad derivada de la activad de inyección de gas”.

Calvo, que respondió a todas las acusaciones y a su defensa, se limitó a referir que el trabajo que les fue solicitado por la Dirección General de Política Energética “versaba única y exclusivamente sobre la idoneidad de la estructura Castor para servir como depósito de almacenamiento de gas”. Para ello, reconoció que estudiaron la documentación técnica acompañada por Escal UGS y los estudios e informes realizados por empresas contratadas al efecto por la promotora, “a las que consideraban dignas de toda solvencia y credibilidad”. En este sentido, el imputado declaró que el IGM validó todos los informes técnicos unidos a la memoria justificativa del proyecto presentado por la compañía, “sin realizar estudios o trabajos adicionales o complementarios al considerar que, a la luz de los completos y técnicamente impecables documentos presentados por la promotora, resultaban innecesarios”, según las mismas fuentes.

José Pedro Calvo fue una de las personas que firmaron el informe emitido por el IGM en el 2007 que no apreció riesgos sísmicos y concluyó que “la estructura del Castor era apta para almacenar gas en las condiciones técnicas de operación descritas en la memoria técnica presentada por Escal UGS”, como consta en el auto del 26 de enero del 2015 del Juzgado de Instrucción 4 de Vinaròs.

A la vista de este trabajo que validó la viabilidad del proyecto, el Consejo de Ministros otorgó la concesión de explotación, habilitando a Escal UGS a usar la estructura subterránea. Además, se dictó resolución de la Secretaría de Estado de Cambio Climático en octubre del 2009 por la que se formuló la declaración de impacto ambiental (DIA) favorable. H