La alcaldesa de Benicàssim, Susana Marqués, reivindicó ayer, en una reunión con Acuamed en Madrid, un trato más justo en la gestión de la puesta en marcha de la desaladora de Orpesa. «Benicàssim seguirá reivindicando que se le exima del pago de la amortización de la obra de una planta que ahora no es necesaria y que en otros lugares, como en el caso de las de Cataluña, fueron asumidas por el Gobierno de España. Que el consistorio, sin necesitarlo, tenga que abonar unas cifras que son millonarias resulta completamente injusto», afirmó.

Marqués recordó que «los trabajos de las desaladoras los puso en marcha el Gobierno socialista de Rodríguez Zapatero y fue el anterior alcalde, Francesc Colomer, quien firmó unos condicionantes que lastran económicamente y condenan a los ciudadanos a tener que pagar más caro el recurso sin que se requiera».

El convenio de construcción de esta instalación se firmó en el 2008 y en el mismo, como se comprometió el anterior ejecutivo municipal, Benicàssim pedía recibir 12.000 metros cúbicos de agua al día. «Con esas previsiones, la población se abastecería únicamente de agua desalada y eso a los vecinos les supondría un incremento de casi el 300% en el recibo», manifestó. Además, en el pacto se estipulaba también que tenían que afrontar el 18,58% de los costes de construcción de la infraestructura, «lo que supone que Benicàssim está obligada a pagar, solo de amortización de la deuda, 800.000 euros anuales en intereses durante 25 años».

LAS NEGOCIACIONES // Marqués reiteró que durante los últimos ejercicios el Ayuntamiento ha estado en constante contacto y negociaciones con Acuamed en busca de una solución «que rompa con este complicado escenario». El municipio consume actualmente poco más de cuatro millones de metros cúbicos al año y se abastece de pozos, «sin que una aportación extraordinaria resulte fundamental para nosotros en estos momentos», añadió.

En todo caso, como explicó la alcaldesa, de tener que adquirir agua desalada, se almacenaría y mezclaría con la del pozo para mejorar su calidad y tratar de reducir al máximo su precio, para no tener que llegar a aplicar al ciudadano el 100% del coste de ese incremento. Unos valores que recordó que son excesivos.