El fiscal pide imputar al secretario de Orpesa por asignarse sobresueldos

La decisión se produce tras la investigación de la Fiscalía a raíz de una denuncia formulada el 24 de enero del 2019 por el entonces concejal de Compromís en Orpesa Josep Lluís Romero, en la que comunicaba que en las nóminas de septiembre a noviembre del 2018 había detectado abonos por gratificaciones y productividades «escandalosas» que, en el caso de estas últimas, superaban el sueldo mensual de los trabajadores municipales. Las cantidades oscilaban entre los 1.550 y los 4.400 euros. En el escrito aportado por Romero a este diario, se advierte que los pagos se han hecho con la objeción de legalidad por parte de la interventora municipal, y que junto a la firma de la misma aparecen las de Albert y el secretario que, a su vez, figura entre los que perciben los emolumentos.

El Ministerio Público requirió al consistorio documentación. Según el escrito de 29 de julio del 2019, firmado por la fiscal instructora, «ha podido comprobarse que las resoluciones de Alcaldía de aprobación de nóminas durante el ejercicio 2018 han sido dictadas con el informe jurídico desfavorable respecto a productividades, con los reparos formulados por el interventor, al superar las limitaciones contempladas por la normativa reguladora de la función pública, y suponer una ampliación continua de las retribuciones económicas mensuales carente de cobertura legal alguna, cantidades cuantificadas de manera no objetiva y prescindiendo del procedimiento legalmente establecido, según la propia certificación».

INJUSTIFICADO // Estipula que se han percibido como productividad sin justificación objetiva en el 2018, por parte del secretario, 6.650 euros en julio; la misma cantidad en agosto; 4.400 en octubre, al igual que en noviembre; y 4.450 en diciembre. Por parte del técnico de personal se citan, entre otros, pagos de 1.600 euros en septiembre y octubre y diciembre; y 1.550 en noviembre.

En su descargo, el Ayuntamiento, aunque admite que «los pagos por productividad se satisficieron efectivamente sin ajustarse al procedimiento establecido, pues los mismos hubieran precisado de un acuerdo plenario previo que fijara los criterios generales, y la existencia de los reparos emitidos por la intervención de fondos», arguye que «los hechos no tienen relevancia penal» porque «responden a escenarios de carga de trabajo demostrables». Además, identifica a las personas del Ayuntamiento que han recibido cantidades de productividad en similares condiciones.

A pesar de ello, la Fiscalía considera que los hechos deben ser objeto de instrucción. Por ello el fiscal jefe acuerda, el 6 de agosto, remitir las diligencias de investigación penal al servicio común procesal de asuntos generales de Castellón formulando denuncia contra Rafael Albert, el secretario municipal y el técnico de personal. «Resulta incuestionable en términos del propio servicio de Intervención que aquellas remuneraciones se han devengado de manera estable sin obedecer a un especial rendimiento o trabajos extraordinarios determinados por criterios aprobados por el pleno, lo que supone en la práctica, por la estabilidad y su periodicidad, una ampliación continua de las retribuciones económicas mensuales, carente de cobertura legal alguna, siendo incluso satisfechas en supuestos en los que no hay prestación efectiva de trabajo (vacaciones)», dice el fiscal jefe en su escrito de 6 de agosto.

AMPLIAR LA INVESTIGACIÓN // La Fiscalía pide que se le requiera al Ayuntamiento certificación de las cantidades percibidas por los investigados «en el 2017 y el año actual como productividad y gratificaciones no justificadas, así como cualquier cantidad no justificada percibida por estas y otras personas al servicio de este consistorio en el 2017, el 2018 y el año actual». La fiscal propone remitir al juez decano para que lo reparta al juzgado de instrucción e investigue. Además, solicita incoar la complejidad de la causa.