La Audiencia de Castellón ha dejado visto para sentencia el juicio al alcalde de Sueras, el socialista José Pascual Martí, en una sesión en la que la fiscalía ha pedido tres años de cárcel para él por un presunto delito de prevaricación medioambiental por autorizar una vivienda en una zona no urbanizable del Parque Natural de la Sierra de Espadán.
Junto a Martí han declarado como acusados por prevaricación medioambiental el exteniente de alcalde del municipio, cuatro exconcejales, la que fuera secretaria del Ayuntamiento de Sueras y el arquitecto municipal que informó favorablemente el proyecto básico de la construcción.
Sus defensas han tildado de "infundada" la acusación y de "excesivo" el procedimiento abierto contra ellos y han resaltado que el Ayuntamiento "siempre mostró voluntad de cumplir la legalidad".
El fiscal pide para cada uno de ellos tres años de cárcel, una pena que ha ratificado durante la lectura del informe de conclusiones en la segunda y última sesión del juicio celebrada hoy, y que ha acogido la declaración de otros cinco procesados.
Entre ellos el arquitecto que redactó el proyecto inicial de obra, quien ha señalado que éste tenía el visado del Colegio de Arquitectos de Castellón y cumplía "los requisitos del Plan General de Ordenación Urbana de Sueras y del Plan de Uso y Gestión del Parque Natural".
En su informe de conclusiones el fiscal ha incidido en la "responsabilidad del Ayuntamiento de Sueras" al "dar carta" a la ejecución de la obra "sin saber si se cumplían los requisitos" exigidos por la Conselleria de Medio Ambiente en su informe "favorable con condiciones" para autorizar la licencia, como que la vivienda no fuera segunda residencia y estuviera vinculada a uso agrícola.
"Es el Ayuntamiento el que debe velar por el cumplimiento de los requisitos exigidos para legalizar la obra", ha dicho, y ha añadido que no es justificación "que diga que al ser un pueblo pequeño no tenía medios" de control.
El ministerio público mantiene también los tres años de prisión solicitados para el noveno de los acusados, el constructor y vecino de Sueras que pidió licencia para construir la vivienda en el citado parque, al que se le imputa un delito contra la ordenación del territorio.
Sobre este último, el fiscal ha reseñado que "lo que se construyó allí -en el parque natural- no es una vivienda propia de un profesional de la agricultura", y ha enumerado "las seis habitaciones, los cuatro cuartos de baño, la sala de estar y la cocina" de las que disponía la vivienda, "que excede de las necesidades puestas de manifiesto por el acusado para residir".
"No se pone de manifiesto la intención de vivir del campo hasta que se produce la visita del agente del Seprona de la Guardia Civil" que denunció los hechos. "Antes de eso lo que se pretendía construir era una segunda residencia", ha insistido.
La defensa del constructor ha pedido la libre absolución de su cliente, "porque su comportamiento no puede merecer reproche alguno de tipo penal" ya que "creyó en todo momento que obraba de acuerdo a la normativa vigente y amparado por la licencia de obra" concedida por el consistorio.
Por su parte, la letrada del arquitecto municipal que informó de manera favorable el proyecto básico ha reseñado que dicho informe "no es suficiente para conceder una licencia de obra" y ha añadido que el Ayuntamiento es "plenamente consciente" de ello.
Por último, tanto la defensa de la secretaria municipal como la del alcalde y los cinco exconcejales han calificado el proceso de "tremendamente injusto" y "excesivo".
"Con qué poco se ha condenado a un proceso de seis años y al banquillo a siete miembros del Ayuntamiento de un pueblo de 600 habitantes", ha indicado la defensa de la secretaria municipal, al tiempo que ha exigido "cordura y sentido común" en el último tramo de su informe de conclusiones.
Según la defensa del alcalde y los cinco exconcejales, la actuación del Consistorio "muestra voluntad de cumplir la legalidad; no evitamos acudir a las consellerias, en modo alguno", ha dicho, y ha puesto como ejemplo de la diligencia puesta en este caso que la licencia tardara casi dos años en tramitarse, cuando el plazo medio es de dos o tres meses.
"Todo el procedimiento nos ha parecido excesivo; no son políticos profesionales, son hosteleros, profesores de ética, de religión, que se han visto metidos en un proceso penal y saliendo en todos los medios de comunicación", ha concluido el letrado.
