La Fiscalía Provincial de Castellón ha remitido un escrito al Juzgado de Instrucción número 3 de Vila-real en el que pide el «sobreseimiento provisional» de la querella interpuesta por cinco titulares de terreno y dos Sociedades Limitadas, contra 14 concejales del Ayuntamiento de Burriana al votar a favor del acuerdo transaccional para devolver la condición de agente urbanizador a la mercantil Urbanizadora Golf Sant Gregori. Entre los querellantes figura el empresario Vicente Monsonís, exocio de Miguel Ángel Bodí en el accionariado de la constructora G&C, de la que salió en 2010, ambos creadores del PAI y hoy totalmente desvinculados.

Este procedimiento por vía penal se basaba en un supuesto delito de prevaricación. No obstante, para la Fiscalía procede el archivo de las diligencias «por no existir elementos de prueba suficientes para estimar la comisión de infracción alguna».

Con este escrito, y a falta de que el juez lo asume y dictamine el archivo propuesto, se ratifica el proceso que se viene llevando a cabo y, por lo tanto, se da vía libre a seguir con el procedimiento, cuyo siguiente paso será el de la firma del acta de replanteo, previo a las primeras actuaciones urbanísticas.

La dilación en la tramitación administrativa del PAI y en otorgar la autorización para el inicio de las obras podría acarrear la muerte de la urbanización ya que éstas deben estar en marcha antes de que finalice el actual 2019. En juego se ha puesto, con este procedimiento, el interés general para Burriana de un proyecto urbanístico de 2,5 millones de metros cuadrados y unas cifras de repercusión económica directa de 1.500 millones de euros.

No hay prevaricación // Para que se considere delito, la decisión política debía haber sido «contraria a derecho», pero también que sea «injusta» y, añade el argumentario del fiscal, que se actúe «a sabiendas, lo que no sólo elimina la posibilidad de comisión culposa, sino también seguramente, la comisión por dolo eventual».

Puesto que el acuerdo plenario del 11 de marzo de 2016 de estimar el recurso de reposición interpuesto por la mercantil contra la resolución de la condición de agente urbanizador se tomó con el informe de los técnicos municipales, pero con el informe técnico jurídico favorable «que sirvió de argumento para fundamentar la resolución, «no puede concluirse que existe una ilegalidad grosera, evidente y palmaria totalmente ajena al ordenamiento jurídico», recoge.

Aunque la empresa no forma parte de este procedimiento, al referirse exclusivamente contra políticos y una letrada, este escrito de la Fiscalía «ratifica que el procedimiento administrativo es impecable y lo que hace es reafirmar que los políticos están tomando decisiones acorde al ordenamiento jurídico».

Aguilera, satisfecha // La portavoz de Cibur, Mariola Aguilera, que también figuraba como investigada, declaró ayer, aún a pesar de ya no ser concejal del Ayuntamiento de Burriana, que se utilizó este tema para apartarla de la candidatura de Ciudadanos. «Pero ha quedado demostrado que nosotros sí obramos bien, a favor del PAI y del progreso de Burriana y no la actual portavoz de Cs, que no ha votado a favor nunca; si esto sirve para que el PAI vaya adelante, estaremos satisfechos», manifestó.