El próximo 30 de octubre, la alcaldesa de la Vall d’Uixó, Tania Baños, deberá personarse ante el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 4 de Nules para clarificiar su implicación en «unos hechos presupuntamente constitutivos de delitos contra la Administración Pública», en concreto por «prevaricación administrativa», según reza el auto firmado por una jueza, en relación a la denuncia interpuesta por el Partido Popular de la localidad, para la contratación de las obras de urbanización de un tramo de aceras en el grupo La Unión.

La motivación de los populares para presentar esta denuncia tuvo que ver, según expuso ayer su portavoz, Elena Vicente-Ruiz, con la decisión de Baños de «levantar un reparo del interventor» en el que advertía que la contratación de las citadas obras «no siguió el procedimiento legal vigente».

PROCESO DE ADJUDICACIÓN

La firma de la alcaldesa se produjo el 27 de diciembre del 2017 y con ella aprobaba el pago de una factura de 71.949,21 euros. Los populares señalan que «la intención era eludir el procedimiento de adjudicación» que «por imperativo legal» debería de haber sido «abierto y con publicidad».

En respuesta a un auto del que, a fecha de ayer, la afectada no tenía constancia oficial, desde el Ayuntamiento se hizo público un informe redactado y firmado por la jefa de Contratación del consistorio el pasado 4 de junio, en el que reconoce de forma textual: «Para la adjudicación de las obras de renovación de aceras en la manzana 23 del grupo La Unión, con un presupuesto de 59.462,158 euros, IVA excluido, se tramitó expediente de contrato menor ya que, por error, la que suscribe consideró que el importe límite para la tramitación de estos contratos era inferior a 60.000 euros, IVA excluido, y no a 50.000 euros, IVA excluido, que era el límite correcto».

Este será el argumento de defensa de Tania Baños ante la jueza, a la que responderá «con la conciencia tranquila», porque el citado «error» se conoció cuando los trabajos ya se habían realizado «y la alternativa era que una pequeña empresa de la Vall que había hecho su trabajo no cobrara por un fallo administrativo».

Baños no dudó en calificar la denuncia como una «campaña de acoso» del PP por la gestión que el equipo de gobierno ha realizado del problema con la empresa de recogida de residuos y limpieza viaria, que «devolverá los 750.000 euros que Óscar Clavell le pagó por servicios no prestados».

Cabe precisar que en su auto la jueza advierte a los denunciantes de que deben personarse como acusación popular y abonar una fianza de 1.000 euros o no admitirá a trámite la querella.