El alcalde de Nules, David García, aseguró ayer que el anterior equipo de gobierno del Partido Popular «prohibió al ingeniero municipal informar» sobre el funcionamiento de la comunidad de usuarios de la EDAR de Nules y la Vilavella, lo que supondría una más de las diferentes «irregularidades» que se habrían detectado en el 2015 en la gestión de este servicio, como una serie de deudas que a día de hoy están casi saldadas, según confirmaron ayer García y su homólogo en la Vilavella, Manel Martínez.

El único pago pendiente, según ambos munícipes, es el que se mantiene con la empresa que realizaba el servicio de la policía de vertidos antes de que en el 2016 se sacara a licitación y se adjudicara a una mercantil diferente por un coste «muy inferior». Con el contrato actual se ha pasado de pagar 74.000 euros anuales a poco más de 32.600.

García y Martínez informaron de que esa deuda está ahora en los tribunales, ya que la anterior gestora ha denunciado a ambos consistorios para cobrar «80.000 euros más intereses, lo que se corresponde con el periodo de marzo del 2014 a mayo del 2015».

En todo caso, los alcaldes responsabilizan de la acumulación de estas cantidades a sus antecesores del PP, Mario García y José Luis Jarque, ya que durante su mandato «no pagar era lo normal».

CUOTAS IMPAGADAS / Este problema se evidenció tras realizar una auditoría que reveló que «con unos ingresos al año de entre 40.000 y 50.000 euros, tenían unos gastos fijos anuales de 100.000», 74.000 como mínimo de la Policía de Vertidos y un canon de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) de 14.000 euros, «a los que había que sumar las multas por realizar vertidos con los valores inadecuados», explicó el alcalde de Nules.

El mismo examen de las cuentas puso de manifiesto que se debían 240.000 euros «más otros 30.000 por intereses» a la CHJ. En este caso, tras entablar diferentes contactos con este organismo público, se decidió abonar «el 100% de lo adeudado a principios del 2016». Nules pagó un 85% y la Vilavella el 15% restante.

La problemática en cuanto a la policía de vertidos era distinta, según expusieron ambos alcaldes en la comparecencia de ayer. Tras renovar la junta directiva de la comunidad de usuarios, se presentaron una serie de informes técnicos que aseguraban que el coste del servicio «estaba sobredimensionado» y no se ejercían los controles pertinentes, «porque la junta no se reunía nunca». Según señalaron, solo consta una acta del ejercicio anterior. De ahí que en el 2016 ambos consistorios decidieron licitar el servicio «para adaptarlo a la realidad».