El pleno extraordinario convocado por el Ayuntamiento de Segorbe para aclarar el caso de las mantas, el caso de las mantas,tras la inundación de un comercio local y el destino de la mercancía que fue retirada del mismo, no sirvió para nada y no despejó las dudas al respecto.

El PSPV y Segorbe Participa, aunque con matizaciones, cerraron filas en torno a la concejala, María Teresa García, quien se llevó el material y rubricó un comprobante con el membrete y el sello del consistorio. Tampoco respondió a las preguntas que planteaba el Partido Popular, el grupo que solicitó esta sesión.

La edila de Comercio se enrocó en las afirmaciones realizadas con anterioridad, reconociendo que se personó en el citado negocio, «donde ya estaban el dueño y el agente de la compañía de seguros, que era mi marido. El material afectado por la inundación estaba en mal estado y resultaba inservible para su uso, acordando la retirada inmediata».

Además, García argumentó que «el dueño del local me solicitó un escrito para dejar constancia del siniestro y de que quitaron los enseres en mal estado y eso es lo que dice ese papel, el cual se entregó para ayudar».

Por parte del PP, la concejala Mª Carmen Climent presentó documentación probatoria, como las fotografías de las mantas, demostrando que no estaban inservibles, aunque no aptas para la venta. También mostró un folio firmado por el comerciante y el informe pericial. En el mismo, según la edila, «consta que los objetos afectados fueron retirados por los servicios municipales con destino a vertedero en algunos casos o a fines sociales». El problema, según Climent, es que dicha mercancía «nunca llegó al Ayuntamiento de Segorbe».

Discrepancias personales

El alcalde, Rafael Magdalena, desvió el debate hacia un plano de discrepancias personales entre el empresario y la aseguradora, censurando a la oposición por llevar a pleno un tema que no tiene nada que ver con asuntos municipales.

La popular Climent pidió que se depuren responsabilidades y consideró los hechos como «cohecho, falsificación documental, tráfico de influencias y apropiación indebida». Fue en una sesión en la que el PP abandonó el salón tras la expulsión de Vicente Hervás y 9 llamadas al orden.