Indignación. Los adjudicatarios de los locales de ocio que se instalan cada verano en el Arenal de Burriana con vistas a la temporada estival se han encontrado con una desagradable sorpresa. Y es que todo apunta a que los horarios de cierre se reducirán considerablemente respecto a lo previsto. Por ello, exigen que se cumplan las condiciones con las que se presentaron en su día al concurso público para éste y para los tres próximos años.

Los gerentes de estas instalaciones acudieron a la licitación con unos preceptos que ahora no solo varían en lo que se refiere a los plazos de cierre, también afectan al espacio que pueden ocupar como consecuencia de la aplicación del Pativel, tal y como aseguran a este diario los damnificados.

Por una parte, los dueños de puestos en zona municipal, pero servidumbre de Costas por estar cerca del domino público marítimo-terrestre, inicialmente iban a disponer de 500 metros cuadrados y ellos mismos han costeado el retraso de las pantallas acústicas para no montar parte de sus infraestructuras dentro del terreno que es del Gobierno central.

Por otra parte, los chiringuitos que se asientan sobre la arena tendrían una licencia de pub con unas permisibilidades que ahora se ven limitadas con la autorización de venta de bebidas y comida envasada y que afectan al horario de apertura y, por lo tanto, a la rentabilidad del negocio.

Con el fin de solventar esta situación, han venido manteniendo conversaciones con diversos políticos municipales al objeto de aclarar qué es lo que va a pasar y, en todo caso, exigir que se cumplan los requisitos con los que salieron a licitación los puestos y por los que pujaron una cantidad económica determinada.

El portavoz del PP de Burriana, Juan Fuster, apuntó que «llevamos más de año y medio preocupados por las consecuencias que el Pativel va a tener en Burriana y cómo su aplicación afectará no solo a los vecinos, sino también a los negocios de la playa». Por eso, «en todo este tiempo hemos insistido a la alcaldesa que elaborara un informe, que convocara una reunión con los vecinos para informarles de primera mano, pero nos hemos encontrado una vez más con la incapacidad para gestionar», añadió el popular.

Por su parte, el concejal de Urbanismo, Bruno Arnandis, aseguró en el pleno que la responsabilidad recae en Costas y afirmó que «eso ya se sabía» pero no aclaró el motivo de sacar contratos con unas condiciones inviables.