La ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, auguró ayer que las reclamaciones planteadas por entidades financieras por sus aportaciones al almacén Castor, situado frente a la costa de Vinaròs y que el Gobierno tiene previsto clausurar definitivamente, acabarán «judicializadas».
«Dada la complejidad jurídica, con una sentencia del Tribunal Constitucional y otra del Tribunal Supremo y las dificultades para poder abordar la recuperación de todo aquello, sospecho que --las demandas-- llegarán a la justicia», sostuvo Ribera al ser preguntada sobre si el Ejecutivo central prevé dar algún paso adelante para llegar a un acuerdo sobre estas reclamaciones.
Santander, CaixaBank y Bankia han presentado ante el Supremo una querella contra el Estado por los 1.350 millones de euros que aportaron para el almacén y que el Gobierno de Rajoy se comprometió a devolver en 30 años, con cargo a la factura de los ciudadanos.
La ministra, que inauguró un simposio sobre transformación digital y el sector energético en Barcelona, evitó concretar a cuánto podría ascender el coste del desmantelamiento del almacén y a quién le correspondería asumir ese gasto. «Hay que plantearlo y discutirlo», señaló.
El Consejo de Ministros tiene previsto aprobar en las próximas semanas la propuesta de sellado y desmontaje definitivo del Castor, después de que el Ejecutivo haya llegado a la conclusión de que ya no es necesario.
