El incendio de un piso la noche del miércoles destapó la ocupación ilegal de toda una finca situada en la ronda Panderola, a las afueras de Burriana. El incidente, en el que no hubo que lamentar daños materiales ni personales, puso de manifiesto un nuevo capítulo de este problema en la localidad. En este caso, los habitantes de una de las viviendas (el resto parece que no tiene gente en su interior) han acarreado problemas de seguridad, tal y como denuncian vecinos de la zona a este periódico.
La situación quedó al descubierto cuando el Consorcio Provincial de Bomberos recibió una alerta por incendio en la primera planta del edificio en cuestión. Pasadas las 22.30 horas, una dotación de la Plana Baixa fue movilizada para sofocar las llamas, en una intervención que fue rápida y sin prácticamente consecuencias. Pese a la escasa gravedad del suceso, muchos vecinos manifestaron su preocupación, al tratarse de un inmueble en la que, según constatan, residen okupas ilegalmente.
Sensación de inseguridad
Los residentes del barrio aseguran que esta situación les provoca inseguridad, porque si bien en los últimos meses no se han registrado sucesos significativos, las continuas entradas y salidas de personas en esta finca denotan una sensación anómala, que consideran peligrosa, y que incluso han llegado a relacionar con cuestiones de drogas.
Pero la historia viene de lejos, ya que, como afirman algunos vecinos, durante el mes de abril vivieron con ironía un «confinamiento entretenido», por las continuas visitas de la Policía Local y Guardia Civil a causa de los conflictos que tenían como origen esa finca. A esto hay que añadir lunas rotas y robos en los vehículos cerca del bloque. Es el saldo de una realidad que a lo largo de los meses se ha relajado, pero mantiene en tensión a todo el vecindario.
El inmueble es titularidad de una entidad bancaria y arrastra visiblemente el deterioro por el paso del tiempo, como puede observarse en la puerta de acceso y en todo el exterior del edificio. Debido a problemas en su construcción, realizada alrededor del 2005, la finca no pudo obtener la cédula de habitabilidad que ratificara su idoneidad para poder residir en ella y, desde entonces, permanece deshabitada y es un foco de atracción para los okupas.
Respuesta municipal
Cuerpos policiales y el Ayuntamiento van de la mano para intentar resolver esta problemática, que supone quebraderos de cabeza para dueños y vecinos. La alcaldesa, Maria Josep Safont, señala que «Policía Local y Guardia Civil trabajan en la detección y registro de estos casos y hacen un seguimiento pormenorizado». Respecto a la actuación municipal, la primera edila manifiesta que no pueden actuar más allá de sus competencias. Ante ello, centran sus esfuerzos en intentar reducir las tensiones que puedan ocasionarse y realizar la vigilancia en las casas con okupas.
