Que la resolución anticipada del contrato de las instalaciones deportivas de Vallpala, en la Vall d’Uixó, iba a acabar en los tribunales se sabía. Pero que la liquidación por rescindir el contrato iba a ser negativa, a favor del Ayuntamiento, ha sido una verdadera sorpresa para los gestores, porque esperaban cobrar algo más de un millón de euros y ahora se encuentran con que es a ellos a quienes se les exige el pago de alrededor de 2,9 millones.

Para comprender cómo se llega a esta situación hay que remontarse a diciembre del 2017, cuando el consistorio detectó que la empresa, a la que allá por el 2011 se le adjudicó la construcción y gestión de unas pistas de pádel sobre terrenos públicos, inició las obras de reforma de lo que, de acuerdo con la licitación, debía ser una cafetería para convertirla en un restaurante.

Fue el primer teniente de alcalde y portavoz de Esquerra Unida, Antoni Llorente, quien alertó de esta circunstancia. Pronto se abrió un expediente, porque no solo existía un incumplimiento del contrato, sino que además la intervención se estaba realizando sin licencia de obras.

incredulidad / El responsable de Vallpala, Carlos Martí, mostró ayer su incredulidad a Mediterráneo respecto a esta liquidación, que considera «un ataque personal» para el que no encuentra «explicación». Y es que la compañía estipulaba percibir una compensación, por haber perdido la concesión veinticinco años antes de lo previsto, y lo que ha recibido es un varapalo inesperado.

Fuentes municipales consultadas inciden en que el estudio que ha llevado a esa determinación lo ha realizado un técnico externo, un profesor de la Universitat Jaume I de Castelló, lo que desmentiría de base esa acusación.

Martí no solo refleja su asombro ante la propuesta, también sobre el hecho de que la liquidación esté firmada «desde el día 17 de abril» y no se la han notificado «hasta el 28 de mayo», dos días después de las elecciones municipales, lo que, a su modo de ver, demostraría una «clara intencionalidad», ante el posible temor a que dar a conocer la resolución pudiera haber afectado en las urnas. Sea como sea, el tiempo corre en su contra. La compañía tiene un plazo de 10 días para presentar alegaciones y lo hará, aunque no cabe duda de que la vía definitiva será la judicial.

Las conclusiones no solo tienen en cuenta un importe que rondaría los 180.000 euros, por daños y perjuicios por el incumplimiento del contrato, también establece un pago por desperfectos detectados en las instalaciones. La cantidad más elevada sería una especie de compensación, por los más 20 años que restaban de gestión a Vallpala, algo que sus responsables no entienden.