La Inspección de Trabajo y Seguridad Social ha vetado las colaboraciones sociales impuestas por el Partido Popular de la Vall d'Uixó en 2012 y que afectan a unas 700 personas que entre 2013, 2014 y la primera mitad de 2015 han realizado estas labores de manera obligatoria para recibir una ayuda de Servicios Sociales.

El primer teniente de alcalde y concejal del área, Antoni Llorente, ha recordado que cuando el PP aprobó la ordenanza, los entonces partidos en la oposición (PSPV-PSOE y EU) “ya nos pronunciamos en contra y advertimos que podían ser consideradas contrataciones encubiertas”.

Entre marzo y mayo de 2015, la Inspección de Trabajo y Seguridad Social extendió una diligencia en la que pedía que se diera de alta a las personas afectadas por esta situación irregular. Y entre las primeras medidas que tomó el actual equipo de gobierno progresista, el 19 de junio, cuatro días después de entrar al Ayuntamiento, fue “suspender la obligatoriedad de realizar colaboraciones sociales para recibir ayudas”.

“La respuesta de la Inspección ha sido que el Ayuntamiento tiene que pagar las contingencias generales y cotizar en régimen normal por la base de las ayudas otorgadas”, ha explicado Llorente. La cantidad de ayudas sociales asciende a unos 650.000 euros entre 2012 y 2015, aunque “todavía se desconoce el dinero exacto que tendremos que asumir por la nefasta gestión del PP”.

En este sentido, el edil ha asegurado que esta ordenanza se aprobó en 2012, con los votos en contra de los entonces partidos de la oposición, en un momento “en el este tipo de planteamiento se utilizó para paliar los recortes en trabajo público impuestos por el Gobierno central de Rajoy”.

Además, para Llorente esta actuación del Partido Popular responde a “motivos políticos, porque ven las ayudas sociales como una limosna y no como un derecho de las personas, como expuso la concejala del PP Elena Vicente-Ruiz en el pleno de aprobación inicial de esta ordenanza”.

Ante esta situación, el actual equipo de gobierno ha pedido asesoramiento jurídico externo a profesionales expertos en la materia “para que nos informen de los pasos a seguir, de las consecuencias tiene actuar de una o de otra manera y de las responsabilidades políticas que tienen el anterior alcalde y el anterior concejal de Servicios Sociales”.

Así, se ha comprometido a “actuar con seriedad, mirando por los intereses de las personas afectadas y de los valleros y valleras, poniendo todos los esfuerzos necesarios en solucionar este problema, siendo lo más amables posible en la gestión cara a cara con las personas afectadas y reclamando responsabilidades políticas al PP”.