El Síndic de Greuges de Cataluña, Rafael Ribó, instó ayer al Banco Europeo de Inversiones (BEI) a dilucidar, a través de su mecanismo de atención de quejas, si la inversión realizada en el proyecto de almacenamiento de gas Castor “era viable y segura”. Esta era “al menos” una operación “muy arriesgada y, por tanto, posiblemente no propia de una institución pública como es la Comisión Europea”, afirma el defensor del pueblo catalán, que mantuvo ayer, en Tortosa, un encuentro con representantes del BEI, que financió el Castor con 500 millones.

Ribó también explicó que la Comisión de la Competencia de la UE “está estudiando a fondo”, a raíz de la denuncia de Cecot, Fepime, Centro Metalúrgico y el Consejo Intertextil Español, si la indemnización de 1.350 millones por el cese de la actividad “fue una ayuda de estado encubierta, en cuyo caso sería una infracción y obligaría a su devolución”.

E instará al Parlament catalán a actuar para que el Tribunal Supremo juzgue el sobrecoste en los consumidores en la factura del gas para pagar la indemnización a Escal UCS. H