El interior de Castellón reclama una solución ante la falta del desplazamiento de oficinas móviles para realizar el trámite de renovación del DNI. Municipios de distinto signo político coinciden en la necesidad de ofrecer este servicio, al ser cientos los vecinos afectados, sobre todo personas mayores que tienen problemas para desplazarse a las ciudades. Entre otras medidas, estudian elevar una queja al Síndic de Greuges.

Justo este 2017 se da la circunstancia de que, hace una década, los equipos para actualizar la documentación nacional registraron muchas peticiones en Els Ports y el Alt Maestrat, por lo que son numerosos ciudadanos a los que les caduca el DNI este año.

Entre los casos, destaca la situación de Albocàsser, gobernada por Antonio Querol, del PP. Según fuentes municipales, 350 residentes de los 1.353 que están inscritos en el censo están apuntados para renovar su documentación. Una cifra a la que hay que sumar a personas de Torre d’en Besora, que también realizarían este trámite en la población.

Situación similar ocurre en Benassal, localidad presidida por la popular Mari Luz Monterde, donde reclaman el trámite 209 ciudadanos, de un total de 1.130. Su alguacil indica que «nos supone un grave perjuicio, ya que la mayoría son mayores que tienen problemas por carecer de vehículo y por falta de movilidad». En Catí, consistorio presidido por Pablo Roig (PP), la demanda del servicio es de unos 200 vecinos.

Respecto a los municipios gobernados por el PSPV, han sido los más activos en las quejas. Incluso mantuvieron una reunión en Subdelegación al respecto. El caso extremo, no por número, pero sí por proporción es el de Forcall, con peticiones por la mitad del censo, unas 225 personas.

LA CAPITAL / En Morella, la lista de espera es de 350 residentes. Otros no han esperado y han regulado sus documentos en Castellón, Vinaròs (en la oficina móvil) o Alcañiz (Teruel). «Es un servicio que teníamos desde hace 40 años y no es una cuestión de dinero o inversiones. Con uno o dos viajes al año sería suficiente», según el alcalde, Rhamsés Ripollés.

La demanda es parecida en Vilafranca, con 300 vecinos a la espera. «Estamos indignados. El problema es grave y, entre los afectados, tenemos a dos personas inválidas. Hay una falta de voluntad política en este asunto», apuntó el munícipe, Óscar Tena.

En Cinctorres, afecta a 80 ciudadanos y su primer edil, Antoni Ripollés, explica que, «hay gente muy mayor a la que desplazarse a hacer el DNI es toda una odisea».

El subdelegado del Gobierno, David Barelles, insiste en que «nuestra prioridad, ahora, es poner en marcha la nueva oficina de Extranjería y Documentación de Vinaròs, porque representa un salto cualitativo para la atención. Una vez funcione, se valorará cuál es el mejor modo de distribuir los recursos humanos disponibles para cubrir la demanda de todos los ciudadanos». Y responde a los munícipes socialistas que «esta Subdelegación no se opone a la medida. Se trata de ir por fases y analizar las posibilidades desde el punto de vista económico, humano y técnico».

También recuerda que el PSPV retiró una moción del último pleno de Diputación sobre el DNI «al entender que el Gobierno estaba haciendo un esfuerzo por incrementar la plantilla al trabajar en la sede vinarocense».