Los representantes políticos de la Vilavella han visitado en lo que va de año varias veces los juzgados para participar en las diligencias previas de dos procesos judiciales en los que pretenden esclarecer si en la legislatura pasada se justificaron, al menos en dos ocasiones, sendas subvenciones con facturas supuestamente irregulares e incluso falsas, según denunció en su día el equipo de gobierno.

Los primeros indicios se remontan al inicio de este mandato, cuando el nuevo equipo de gobierno tomó posesión y comenzó a familiarizarse con la situación económica del consistorio.

Entre otras cuestiones, detectaron la existencia de un recibo «pagado e inventariado» por un total de 16.900 euros «de material informático y de videovigilancia», correspondiente a una ayuda concedida por el Gobierno central en el 2012 y «cuyos bienes, supuestamente comprados, no obran en el ayuntamiento», según confirman las fuentes municipales consultadas.

Pero esta no era la única. A su vez, se descubrió la certificación de un ingreso, también en concepto de subvención, por un importe de 8.700 euros. La factura hacía referencia a la construcción de «un mirador, inexistente a día de hoy, en la parte final de la calle Calvario». En este caso, la aportación era autonómica.

Por los juzgados han pasado en calidad de testigos, según ha podido saber Mediterráneo, los dos alcaldes de la Vilavella de esta legislatura, Carmen Navarro y Manel Martínez --que cogió el relevo el año pasado--. Como imputados, entre otros, se ha interrogado al exmunícipe José Luis Jarque.

Desde el equipo de gobierno vilavellero se culpa de los hechos, que podrían exigir «responsabilidades penales», al Partido Popular, que gobernaba en las tres administraciones afectadas. A la agrupación política en su conjunto le atribuyen la «escasa moralidad política» al «consentir este tipo de comportamientos».