El juicio del campanario de Benicarló ya tiene fecha: el 24 febrero

Y es que el estado de alarma decretado por la crisis sanitaria del covid-19 provocó la suspensión de la cita inicial, prevista el pasado 22 de mayo en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Vinaròs. La fecha alternativa, prácticamente seis años después de que el Obispado de Tortosa realizase la inmatriculación de la emblemática torre, se notificó hace unos días.

El origen de la disputa que ha llevado a enfrentarse en los juzgados a los dos estamentos, el municipal y el eclesiástico, se sitúa a principios de junio del 2015, cuando, con Marcelino Domingo al frente de la alcaldía, en el Ayuntamiento de Benicarló se recibió un edicto remitido por el Registro de la Propiedad en el que se notificaba que la sede tortosina, amparándose en la modificación de la ley hipotecaria, se había inscrito a su favor una finca con un certificado catastral donde se incluía la iglesia de Sant Bartomeu y también el campanario. Entonces y, creyendo que se trataba de un error, el gobierno local ya dio los primeros pasos para intentar solventar la cuestión, pero el Obispado se mantuvo en sus trece y aseguró ser el legítimo propietario.

Ese mismo año y tras las elecciones municipales que dieron la victoria a la candidata socialista, Xaro Miralles, el consistorio tomó el testigo del anterior gobierno local y continuó con las gestiones para recuperar la titularidad del campanario. La intención fue resolver la cuestión de manera amistosa y, con el fin de llegar a un acuerdo, mantuvieron conversaciones con representantes de la Diócesis, pero las negociaciones resultaron infructuosas.

Así, agotada la vía de entendimiento con el estamento eclesiástico, el gobierno local decidió acudir a los tribunales e interpuso una demanda por lo civil contra el Obispado de Tortosa, que fue admitida a trámite en marzo del pasado año en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Vinaròs, mediante la que solicita que se anule dicha inscripción del catastro que certifica que el órgano religioso es el propietario del campanario, para revertir así el dominio al municipio.

Cabe recordar que, concluida la vista y una vez dictada la sentencia, existe la posibilidad de recurrir a instancias superiores si alguna de las partes no se encuentra conforme con la decisión. De hecho, la primera edila ya anunció en su día que, en caso de que la sentencia no se resuelva a favor del consistorio, agotarán todas las vías judiciales para reclamar el reconocimiento de la titularidad municipal del espacio.

Habrá que aguardar, pues, al transcurso del procedimiento judicial y su resolución para conocer las formas en las que se resuelve la mencionada disputa.