La reducción del impuesto de bienes e inmuebles (IBI) a las parcelas urbanas sin desarrollar (no urbanizadas) en l’Alcora ha supuesto un ahorro global de 500.000 euros en un año para los vecinos del municipio afectados. Así, mientras que en el 2015 los derechos reconocidos netos respecto al ingreso del IBI (rústico y urbano) ascendían a 4,1 millones de euros, en el 2016 descendieron hasta los 3,6 millones de euros.

El equipo de gobierno, además de aplicar la rebaja a partir del pasado ejercicio, decidió devolver a los propietarios la cuantía correspondiente de la contribución del 2015, con el objetivo de compensar el pago de este impuesto tras haber cambiado el valor del suelo de este tipo de terrenos, de urbano a rústico, en relación al abono catastral correspondiente.

DESDE EL 2015 / De esta manera, el consistorio activó esta modificación de la valoración del catastro a partir del 1 de enero del 2016, pero con efectos a 1 de enero del 2015. Un cambio de tasación que ha supuesto que las personas afectadas deban aportar un 85% menos en concepto de IBI.

«Con la finalidad de que los afectados se beneficiaran de una importante rebaja fiscal, una de las primeras medidas del actual equipo de gobierno alcorino en materia tributaria fue solicitar la citada modificación», recuerdan desde el consistorio.

Califican esta nueva valoración como «una medida muy justa, que sirve para que el terreno sea considerado con arreglo a su funcionalidad y a su utilidad real». Asimismo, destacan «el importante ahorro económico que supone para las cuentas de las familias afectadas del municipio».

Por lo que respecta a la disminución de ingresos que implica para el consistorio, resaltan que «está claro que esta rebaja fiscal conlleva un esfuerzo adicional», pero entienden «que es lo más beneficioso y justo para los ciudadanos», indican fuentes municipales. También apelan a la «responsabilidad económica y a la eficiencia» para hacer frente al contexto surgido tras los cambios que se han producido.

El alcalde, Víctor Garcia, manifiesta: «A nosotros no nos mueve un afán recaudatorio, tal y como ocurría en las anteriores legislaturas, sino la justicia fiscal de pagar lo que toca, porque no creemos que sea justo que los propietarios deban de abonar como si tuvieran suelo urbanizado cuando no lo es. Por esto decidimos estas medidas fiscales que ya estamos desarrollando».