Los integrantes de la comisión de seguimiento de Reyval, que ayer se reunieron en el consistorio con representantes de los trabajadores de la empresa, reiteraron ayer que la solución sobre la problemática de los empleados “no está en manos del Ayuntamiento”. Al encuentro también asistieron los abogados del consistorio y de la mercantil. “Probablemente, la situación en la que se encuentran estas personas es consecuencia de la política y de la actividad que ha llevado a cabo la gerencia de la mercantil durante muchos años”. Por lo tanto, “es más posible que encuentren una solución dentro de la propia empresa”, señalaron fuentes de la comisión.
Esta entidad está integrada por representantes de los diferentes partidos políticos con representación municipal, de la Plataforma Ciutadana No a la Contaminació y la Asamblea No a la Incineradora. Estos colectivos vecinales reclamaron ayer a la mercantil ejecutar cuanto antes la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), que supone la anulación de la autorización ambiental integrada y, por tanto, la imposibilidad de mantener la actividad de gestión de residuos en la planta. Además, el fallo judicial avala la prohibición de construir la incineradora en la capital de l’Alcalatén.
De ahí que las plataformas piden que se solicite al TSJCV la paralización provisional de la actividad y al Tribunal Supremo el cese cautelar en el caso de que prospere el recurso de casación presentado por Reyval. Además, critican que la firma utilice a sus trabajadores “como mercancía de negociación, ya que pretende que la comisión acepte una versión de autorización ambiental integrada sin la incineradora”. H
