El proceso de revisión del plan general urbanístico de Peñíscola afronta un momento crucial. El actual ordenamiento, del 1977, se encuentra desfasado y el proceso de revisión, iniciado hace 15 años, ha visto pasar el boom de la construcción y su posterior debacle, unido a una gran cantidad de normativas y planes autonómicos promovidos en los últimos años. Esta semana el consistorio convocó la comisión de seguimiento (agrupa a representantes políticos, entidades vecinales y empresarios) para exponer cuáles son las posibles alternativas.

El concejal de Urbanismo, Romualdo Forner, detalló que la diferente reglamentación, como la propia ley de la Comunitat o el más reciente Pativel, pasando por el Patricova, «ha supuesto que los ayuntamientos tengan una mínima capacidad para actuar». En Peñíscola, adaptar el suelo a la legislación actual implica una desclasificación próxima a los 11 millones de m2, entre terrenos urbanos y urbanizables. «Solo quedan unos 330.000 m2 de posible crecimiento», afirmó. Están concentrados el eje formado por el límite de la Marjal y el vial CV-141. El equipo redactor de la revisión ha elaborado un documento de estrategias de ordenación que refleja los factores que influyen en el futuro del municipio.

LAS OPCIONES / Ante esta tesitura, «el consistorio puede ceñirse a estas restricciones o bien quedarse con un plan vigente que está obsoleto y arrastra problemas», apuntó. Por ello, afirmó que no descartan «pedir diálogo a la Conselleria y ver si hay alguna posibilidad menos encajonada». Una de las alternativas pasa por reservar cerca de un millón de metros adicional a un campo de golf, o una acción estratégica similar, con el argumento de ser el primer destino turístico de la provincia.

El tiempo apremia, pues, tras haber logrado una prórroga en la tramitación del PGOU, el plazo para tener a punto el nuevo modelo concluye en agosto del 2019, con un proceso electoral por medio. En julio del 2010 se aprobó por parte del pleno una propuesta de revisión, que se encontró con el rechazo de la Generalitat. Ahora llega la última oportunidad para acercar posiciones entre las administraciones.

Una de las inquietudes expuestas por Forner tiene que ver con la posibilidad de tener que indemnizar por responsabilidades patrimoniales debido a las desclasificaciones, así como al futuro de acuerdos del pasado. Es el caso del vial Peñíscola-Benicarló, que se ejecutó gracias a la cesión de terrenos privados a cuenta de reservas de aprovechamiento, y que formaba parte de la aprobación provisional del 2010.