El Ayuntamiento de Almassora remitirá en los próximos días las notificaciones para la renovación de los 77 expedientes de ocupación de la vía pública correspondientes a terrazas de bares y restaurantes. Entre ellos, 44 tramitaciones corresponden a estructuras situadas sobre la calzada, que deberán cumplir con la normativa de seguridad para poder obtener la autorización del consistorio.

Así pues, los negocios que opten por renovar este permiso de ocupación de la vía pública, deberán asegurarse de que las terrazas cuentan con los pilones y horquillas metálicas que marca la normativa, para cuya instalación han contado con cerca de un año. Cabe recordar que el departamento de Actividades notificó, durante la anterior campaña de renovaciones, la obligatoriedad de instalar estos elementos a lo largo de 2016, un plazo que finaliza ahora.

No obstante, cinco de las 44 terrazas que ocupan la vía pública están clasificadas como instalaciones de alto riesgo, por lo que los propietarios han tenido que asegurarlas antes de agotar este plazo. Para el concejal de Hacienda y Actividades, Roger Beltrán, “la instalación de estos elementos de protección en las terrazas es un procedimiento necesario para garantizar la tranquilidad de los propios empresarios y de los usuarios”.

Beltrán ha destacado que “en 2017 iniciaremos 10 nuevos expedientes de autorización de terrazas, un hecho que demuestra que son un elemento muy importante para el sector hostelero y por eso nuestra prioridad es protegerlas”. El edil de Seguridad, Santiago Agustí, ha suscrito estas palabras y ha añadido que el papel de la Policía Local “es fundamental para asegurar que las medidas instaladas son las adecuadas”.

Los propietarios que deseen renovar el permiso deberán aportar el justificante de pago de la tasa y un recibo vigente del seguro de responsabilidad civil que el consistorio requiere para la autorización de la terraza. En el caso de que la instalación no haya sido todavía adecuada a la normativa, el Ayuntamiento de Almassora insta a los responsables a que se dirijan a la administración local para normalizar la situación. Allí, deberán solicitar una autorización para la realización de las obras y depositar una fianza de 100 euros, con la que el consistorio garantizará que no se produzcan daños sobre el asfalto y que será reintegrada en el momento de retirar las protecciones.