Atemorizados. Así dicen estar los empresarios turísticos de Castellón tras el anuncio realizado el viernes por el Gobierno central, que decreta el cierre de discotecas y pubs y la limitación estricta de horarios en bares y terrazas, entre otras medidas, lo que entrará en vigor a partir de mañana martes, según la previsión de Sanidad. «Estamos aterrorizados y muy pendientes por si en breve toman la decisión de restringir de nuevo los movimientos. Muchas empresas de la provincia no lo resistirían», dice Alexis de Pablo, presidente de la Asociación de Alojamiento Turístico de la provincia de Castellón (Altur Castellón). El empresario recuerda que el sector está sobreviviendo a «la peor temporada de la historia de Castellón sin ayudas y pagando todos los impuestos».

El representante de este colectivo añade que «la incertidumbre es absoluta este año. Los viajes se han acortado y la gente no hace viajes, sino salidas cortas. La ocupación se había puesto al 50% en estas primeras dos semanas de agosto, las mejores del verano, y ahora tememos que el anuncio del Gobierno provoque más cancelaciones de reservas. El 40% de las plazas hoteleras de la provincia están cerradas porque han decidido no abrir en un verano que está siendo espantoso y estas decisiones de última hora, encima nos afectan gravemente», dice.

DOS MESES / Los alojamientos de Castellón que tomaron la decisión de reabrir sus puertas apenas llevan dos meses en funcionamiento. A pesar de que la desescalada arrancó a mediados de mayo en el conjunto de la provincia, lo que ayudó a sectores como la hostelería y el comercio, hoteles, apartamentos o campamentos turísticos no podían recibir a visitantes, ya que para ello era necesario que pudiera acudir gente de otras provincias y comunidades autónomas. Algo que no ocurrió hasta finales de junio, con el final del estado de alarma.

Las medidas a aplicar a partir de esta misma semana tienen el propósito de frenar la curva de nuevos contagios. Pero hay inquietud a que, de no obtener los resultados deseados, continúe la regresión a situaciones parecidas a la primavera pasada, como la imposibilidad de desplazarse entre localidades, a menos que hubiera un motivo muy justificado. Una decisión que afectaría de lleno a las expectativas del turismo.

Tras el fin de semana, las previsiones de ocupación del segundo fin de semana de agosto son poco halagüeñas. Por parte de destinos como Peñíscola se cree que en los próximos días habrá un descenso, que se notará todavía más a partir del día 24. Situaciones como las escapadas de fin de semana y puentes serán inapreciables en un 2020 sin turismo internacional y con contención del gasto entre los nacionales. Como consecuencia, se espera una oleada de cierres de temporada a partir de la primera quincena de septiembre.

INSPECCIONES / El ocio nocturno ha podido mantener este fin de semana una actividad normal en Castellón, hasta que las nuevas restricciones entren en vigor a partir del martes. Mientras tanto, la Unidad Adscrita de la Policía Nacional en la Comunitat ha controlado el cumplimiento de las medidas contra el covid-19 por tercer fin de semana consecutivo. En el caso de la provincia, se inspeccionaron 39 locales en Benicarló, Segorbe, Jérica, Benicàssim, Burriana y Castelló, con un resultado de 12 actas de propuestas de sanción. Unas cifras semejantes a las del fin de semana anterior, cuando la misma unidad, dependiente de la Generalitat, inspeccionó a 32 locales de diferentes municipios, y se instó a emprender 14 sanciones por incumplimientos de las normas.

Desde la finalización del estado alarma el pasado 21 junio, la policía autonómica ha desplegado un dispositivo especial para controlar que las medidas de seguridad sanitarias se cumplían en establecimientos de ocio y restauración. 2.482 establecimientos de toda la Comunitat han sido visitados, de los cuales se ha propuesto para sanción a 379. Las identificaciones a personas suman ya 4.657 mientras que las sanciones a gente por no usar la mascarilla ascienden a 458 desde la entrada en vigor el 26 de julio del régimen sancionador por el incumplimiento de las actuaciones frente al covid.