No recoger a un menor de entre 3 y 7 años a la salida del colegio, subirse de pie en los bancos de la vía pública, tirar papeles fuera de las papeleras o realizar actividades domésticas como barrido de terrazas y balcones y sacudido de prendas hacia la calle son algunos comportamientos que pueden ser sancionados con multas de hasta 120 euros en Borriol.

Se trata solo de algunas del centenar de infracciones de toda índole detalladas en la nueva ordenanza de convivencia ciudadana y prevención de actuaciones sociales que entró ayer en vigor, tras su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, pese a haberse aprobado en un pleno hace un año. En la misma se refleja que el Ayuntamiento, pese al carácter y talante cívicos de los borriolenses, «se muestra muy preocupado por ciertas actitudes irresponsables con el medio urbano y con los conciudadanos y que, aunque realizadas por parte de individuos y colectivos minoritarios, alteran la convivencia».

Por ello, la normativa arranca «para contribuir a mejorar la calidad de vida de los vecinos», como explica el alcalde, Silverio Tena. «No buscamos un afán recaudatorio porque no tenemos efectivos para vigilar diariamente que no se produzcan comportamientos incívicos y antisociales, pero es un modo de avisar a los habitantes de que, si los cometen, pueden ser sancionados», añade.

De hecho, la ordenanza detalla conflictos nuevos y situaciones cotidianas muy habituales, pero no por ello permitidas, «y da las herramientas necesarias para actuar», señala Tena, quien detalla que, «en el caso de los menores, además de seguir el protocolo en estos casos, se recoge en el documento tras detectarse un par de episodios de niños trasladados a la Policía Local por no haber ido nadie a recogerlos a la escuela».

Pese a las multas, la ordenanza nace con carácter educativo, pues posibilita la mediación y reparación del daño causado y sustitución de sanciones por trabajos en beneficio de la comunidad.