El Tribunal de Justicia de la Unión Europea condenó ayer a España a pagar una multa millonaria por tardar en adecuar a la normativa europea los sistemas para la depuración de aguas residuales urbanas en distintos municipios del país, entre ellos, los castellonenses de Peñíscola y Benicarló y el alicantino de Teulada.
Los jueces europeos exigen al Gobierno central «abonar una suma a tanto alzado de 12 millones de euros y una multa coercitiva de 11 millones de euros aproximadamente por cada semestre de retraso a la hora de resolverse los casos que aún están pedientes», según un comunicado del Tribunal. Por lo que respecta a las poblaciones castellonenses, cuentan con las infraestructuras necesarias desde el 2015 y el último fallo se refiere a ellas por los retrasos en su puesta en marcha.
ANTECEDENTES
La corte declaró por primera vez el incumplimiento de España en una sentencia del 2011, después de que la Comisión Europea presentara un recurso contra el país al haber comprobado que 43 localidades españolas con más de 15.000 habitantes no disponían de sistemas colectores ni de tratamiento de las aguas residuales urbanas.
Concluyó entonces que se habían eludido las obligaciones de la directiva europea a este respecto. En el 2017, la CE presentó un nuevo recurso por los mismo hechos, tras constatar que el país seguía sin atender el fallo en 17 de las aglomeraciones urbanas que se encontraban afectadas.
Esos enclaves incluían, además de Peñíscola y Benicarló, Teulada-Moraira (Rada Moraira), Alhaurín el Grande, Barbate, Isla Cristina, Matalascañas, Tarifa, Valle de Güimar, Aguiño-Carreira-Ribeira, Estepona (San Pedro de Alcántara), Coín, Nerja, Gijón-Este y Noreste (Valle Guerra), Vigo y Santiago de Compostela.
Los jueces reconocieron ayer «los esfuerzos significativos» de España para reducir el número de municipios no dotados de los servicios necesarios pero consideraron como «circunstancia agravante» el carácter prolongado de la infracción cometida.
Durante el litigio España argumentó que ya están en regla los municipios castellonenses, entre otros, pero el tribunal ratificó la sentencia condenatoria.
