El equipo de gobierno de Nules pretende aprobar en el próximo pleno la intervención del párking subterráneo ubicado en la zona del mercado y el jardín botánico, cerrado desde noviembre del 2013, con el fin de asumir su gestión y reabrirlo a finales de año. Para el Ayuntamiento nulense, la infraestructura, que cuenta con 250 plazas, debe ser aprovechada y es necesario hacer todo lo posible para que permanezca operativa, ya que consideran que es necesaria para la dinamización comercial de la zona centro.

La decisión se adopta tras dos expedientes sancionadores de 6.000 euros aprobados en sesión plenaria, en julio del 2016 y la última el mes pasado, contra la empresa concesionaria, Sedesa Concesiones, por el incumplimiento del pliego de condiciones.

Sedesa abrió en el 2009 de forma intermitente la infraestructura, que tuvo escasa acogida, a pesar del plan de viabilidad presentado en su inicio y costar unos dos millones de euros. Hace tres años y medio decidió cerrar de forma unilateral por falta de rentabilidad. Ahora, la entidad financiera que aportó financiación a Sedesa y que se ha quedado con los bienes de la firma, tras el concurso de acreedores, reclama la deuda íntegra, que asciende a unos tres millones de euros.

No obstante, tras consultarlo con los servicios jurídicos del Ayuntamiento y con Ricardo García Macho, prestigioso catedrático de Derecho Administrativo de la Universitat Jaume I (UJI) --jubilado en este pasado curso académico-- y quien fue letrado del Tribunal Constitucional entre 1997-1999 y magistrado suplente del TSJCV, el consistorio ha resuelto llevar a la sesión plenaria del próximo 31 de agosto la aprobación de la intervención del párking para asumir la gestión durante un plazo de 36 meses con el fin de hacer viable este servicio.

Para ello, como explica el alcalde, David García, invertirán unos 50.000 euros en poner a punto el que sera el primer aparcamiento subterráneo de Nules con la instalación de cámaras de vigilancia, máquinas de cobro y otros elementos necesarios para su apertura. El gobierno local estima en unos 60.000 euros el coste anual de su mantenimiento y, una vez transcurridos los 36 meses, evaluará sacarlo a licitación.