Exigir responsabilidades patrimoniales por los daños ocasionados por la ampliación del puerto de Burriana no va a ser la única medida legal que emprenderá el Ayuntamiento de Nules contra la Dirección General de Costas, para proteger la playa del municipio y las viviendas de primera fila. El próximo paso será la revisión y solicitud de anulación de los deslindes realizados en los años 1975 y 2000 «que son los que, en teoría, ponen todas esas casas en Dominio Público Marítimo-Terrestre», tal y como remarcó ayer el alcalde, David García.

Esta fue la principal conclusión del encuentro entre representantes municipales y del ente de vecinos Virgen del Carmen con la presidenta de la Asociación Europea de Perjudicados por la Ley de Costas, Carmen del Amo --en su visita a la ciudad-- quien, en una primera lectura de esos deslindes, «nos dijo que podían ser irregulares», explicó el munícipe.

INVESTIGACIÓN / El compromiso del consistorio con los habitantes de la zona pasa por revisar bien los citados documentos, porque fueron el inicio de la problemática que hoy en día arrastran las propiedades de primera línea. Esto se debe a que el deslinde sitúa el límite de la propiedad pública tras las construcciones, como se puede comprobar en un paseo por la primera avenida, donde unas placas metálicas señalizan esa realidad ministerial.

Del Amo recordó que esa línea marcada sobre un plano se ha calculado a partir de la posición del límite de la costa, después de haber sufrido décadas de regresión sin medidas de protección, lo que supondría el primer error, desde el punto de vista de los afectados. La representante de los perjudicados por la Ley de Costas, que abogan por la derogación de la normativa de 1988 y la reactivación de la de 1969, insistió en que lo que está sucediendo en gran parte del litoral es «un delito medioambiental», en especial por lo que respecta a los municipios que se encuentran aguas al sur de cualquier infraestructura portuaria. «Deberían obligarles a reponer arenas, pero no lo hacen y se han perdido kilómetros de municipios, porque las playas son parte de ellos», especificó, al tiempo que reseñó que el Ministerio «no tiene nada escrito, ningún inventario de unas propiedades que dice son suyas, aunque sin demostrarlo».