El Ayuntamiento de Nules lanzará un órdago sin precedentes en la historia del conflicto con la dirección general de Costas que afecta a las viviendas de primera fila de la playa. Y es que la intención del equipo de gobierno es reclamar daños y perjuicios a la Generalitat, concesionaria del servicio de explotación del puerto de Burriana, que han cuantificado en 30 millones de euros.
La cantidad no es una aproximación. Así lo afirmó ayer el alcalde, David García, quien aseguró que se trata del resultado del análisis realizado por diferentes asesores externos a los que ha recurrido el Ayuntamiento, a instancias de la comisión técnica constituida para defender los intereses del municipio frente a la amenaza de la ley de Costas.
Tres años de lucha
Hasta ahora el posicionamiento nulense se había limitado a las negociaciones con el Ministerio, pero durante esta legislatura, en especial en la última mitad, ha evolucionado de forma beligerante ante «la falta de respuesta» por parte de la Administración central que siempre han denunciado.
El primer paso fue encargar un estudio a un catedrático de la Universitat Politècnica de València sobre la degradación que ha acumulado la costa sur del puerto de Burriana desde finales de los 70, una obra realizada por el Estado, pero transferida a la Generalitat valenciana en julio del año 1982. «Las conclusiones incluyen un informe detallado de los efectos de la regresión en nuestra costa», afirmó García.
A continuación, contrataron a un gabinete de abogados especializados en litigios contra la Administración, así como a un despacho especializado en economía, que cuantificó los daños. El resultado son los citados 30 millones de euros «que son demostrables», ratificó el primer edil.
A pesar de lo impactante de la cifra, para los responsables municipales lo más importante es que exigen «que se realicen de manera urgente e inaplazable las actuaciones para la protección del litoral». Aunque no solo eso, también piden que «se recupere el terreno perdido durante los años en los que no han hecho nada».
Esta contundente postura «cuenta con el respaldo de la asociación de vecinos Virgen del Carmen de la playa», porque todos están convencidos de que su delicada tesitura actual es una consecuencia directa de la falta de intervenciones paliativas y de protección tras la ejecución del complejo portuario de Burriana, dado que todos los especialistas inciden en que este tipo de infraestructuras siempre tienen un efecto directo aguas al sur. Mientras buscan vías para proteger las viviendas, el Ayuntamiento emprende ahora la vía del ataque como defensa.
