Finalizado el largo camino de procesos judiciales relacionados con la urbanización Peñíscola Playa, en estos momentos se está pendiente de la pronta adjudicación de las obras de derribo de una parte de este complejo, que se construyó en la década de los 80 sobrepasando la volumetría permitida.

Un total de 18 empresas han sido las que han concurrido al proceso, licitado desde el Ayuntamiento como responsable subsidiario, ante la imposibilidad de que los propietarios de los locales afectados ejecuten el mandato de los tribunales. La mesa de contratación tiene prácticamente finalizado el procedimiento, a la espera de deliberar sobre las ofertas más económicas, cuya rebaja con respecto al precio de salida, cuantificado en 48.726,68 euros, es tan cuantiosa que podrían incurrir en bajas temerarias.

Una vez resueltas estas últimas cuestiones, se emitirá el dictamen técnico para que sea ratificado por la junta local de gobierno; y, acto seguido, se procederá a firmar el acta de replanteo y el derribo de los locales en disputa. Posteriormente, deberá ser el consistorio el que deba proceder a reclamar a los responsables de los establecimientos el cobro de la actuación. «Nos hemos ceñido en todo momento a las instrucciones que han ido marcando los tribunales hasta llegar a este momento, que no es agradable para los afectados», asegura el edil de Urbanismo, Romualdo Forner.

sin licencia // El origen de la controversia es una zona situada en la primera línea de la urbanización, conformada por comercios y establecimientos de restauración. Desde los locales afectados, el pasado año indicaron que se les vendieron propiedades sin licencia de obras y sin ser conocedores de esta circunstancia. Una situación de la que culpan al Ayuntamiento de la década de los 80, debido a la inacción para inspeccionar las obras que se hacían.

La comunidad de propietarios de Peñíscola Playa inició años atrás un litigio, debido al exceso de volumetría realizado durante la construcción. Por ello, se hizo un primer derribo parcial, hace seis años, y se inició un proceso de otorgamiento provisional de licencias al resto de locales, condicionado al final del mismo. Tras llegar a todas las instancias, el Tribunal Supremo determinó que el resto del área de locales también debía desaparecer.

Una vez se ejecute esta acción, los afectados por el derribo seguirán ostentando la titularidad de los terrenos que, presumiblemente, quedarán vallados y sin uso alguno. «Los propietarios de los locales comerciales lo son también del suelo sobre el que están ubicados y de terrazas adyacentes, por lo que dichos espacios no serían ni públicos ni comunitarios», como expresaron en su día.