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Comarcas

 

CONCURSO PÚBLICO

Ocho firmas optan en la fase final a demoler el Grupo B de Almassora

El Consell descarta a cuatro candidatas por «suspender los criterios de calidad»

 

Imagen del bloque de pisos vacíos del Grupo B de Almassora. - MEDITERRÁNEO

REDACCIÓN
11/09/2020

La Entitat Valenciana d’Habitatge i Sòl (EVha) de la Generalitat Valenciana elegirá entre ocho empresas a la ganadora del concurso público para el derribo del edificio 167 de la avenida José Ortiz de Almassora. La demolición del Grupo B este otoño correrá a cargo de una de estas ocho firmas que han accedido a la última fase de la licitación después de que el Consell, tras la valoración de los criterios técnicos presentados, haya eliminado a cuatro de las candidatas.

En concreto, el acta de la mesa de contratación celebrada este mes señala que, de acuerdo a la legalidad vigente, las propuestas técnicas presentadas por los licitadores Canalizaciones y Derribos Safor, S.L., Dexber Demoliciones y Excavaciones, S.L., Durantia Infraestructuras, S.A. y Elecnor, S.A. se consideran de calidad inaceptable al haber obtenido menos de 13 puntos, «por lo que no serán tenidas en consideración para el cálculo de las ofertas anormalmente bajas ni para la determinación de la oferta más ventajosa», según apuntó la concejala de Territorio, Carmina Martinavarro.

Así, las firmas que cumplen todos los requisitos: Becsa S.A., Construcciones y Desmontes Ribera Navarra S.A., Construcciones y Excavaciones Erri-Berri S.L., Delta Punt 3000 S.A, Eneas Servicios Integrales S.A., Hercal Diggers S.L., Magma Gestión Medioambiental S.L.U y Ravi Obras, Transportes y Excavaciones S.L. De la puntuación de las propuestas técnicas y la oferta económica más ventajosa, con presupuestos que van de los 175.276,30 a los 309.583,57 euros, saldrá la firma ganadora del concurso de adjudicación del derribo, que será la encargada de echar abajo las 38 viviendas del bloque de la avenida José Ortiz durante los tres meses posteriores a la firma del acta de replanteo.

Pisos en ruinas

Aunque inicialmente el grupo constaba de 94 viviendas, 56 fueron demolidas en 1998, por lo que en la actualidad quedan 38 pisos vacíos en un edificio tabicado y en estado de ruina económica que la Conselleria de Vivienda se comprometió a derribar este 2020 con un presupuesto límite de adjudicación de 354.215 euros.

El Ayuntamiento pretende evitar así la ocupación ilegal del bloque que en el 2013 acabó con la vida de una mujer durante un incendio y mejorar además la imagen de la zona, a la que el próximo año se sumará la construcción del colegio Santa Quitèria.

En este sentido, Martinavarro mostró su agradecimiento al Consell por su «voluntad para acabar con este antiguo foco de marginalidad, que se materializa en la partida reservada para este año y no con promesas históricas que nunca se hicieron realidad», destacó.