La alcaldesa de Orpesa, María Jiménez, ha solicitado una reunión con el nuevo director general del Agua, Teodoro Estrela Monreal, del Ministerio, para pedirle que el Gobierno central asuma el coste de la amortización de la desaladora de Orpesa-Cabanes.
El municipio cuenta con una moratoria de tres años desde el convenio que firmó con la puesta en marcha de la infraestructura, que se produjo el pasado verano.
Y es que aparte del pago por el agua consumida, las poblaciones afectadas también debían asumir el gran gasto de su construcción, que asciende a 74 millones de euros, de los que la localidad debería asumir 25, según explicó al respecto ayer la primera edila.
En el caso de Orpesa, Jiménez indicó: «Estamos a favor de la desaladora, de hecho nos ha salvado de un grave problema. Este verano las analíticas de Sanidad salían muy mal y es probable que al final se hubiera decretado el agua como no potable. Teníamos un problema de calidad que nos resolvió la desaladora».
«Para nosotros es la única solución y el incremento del precio es mínimo, valorando los numerosos beneficios», concluyó.
MOCIÓN DE COMPROMÍS / En este sentido, el senador de Compromís, Carles Mulet, presentó ayer una moción instando a que sea el Ejecutivo central quien asuma los costes de amortización de la infraestructura, igual que en otras comunidades.
