Desde que el lunes pasado el equipo de gobierno de la Vall d’Uixó procedió a abrir el nicho en el que simularon un enterramiento falso a nombre de un difunto que no existía, Aitor Iureta Oteiza, quien ordenó que así fuera, Óscar Clavell, no había hecho ningún tipo de declaración. Hasta ayer, cuando en los pasillos del Congreso --donde es diputado nacional por el PP-- le abordó la prensa y negó cualquier responsabilidad personal o política. Afirmó que su prioridad fue «trabajar por los vivos» y apuntó al fallo de la jueza que desestimó la denuncia presentada por el Ayuntamiento como principal argumento en su defensa.

Sin embargo, las afirmaciones de la magistrada en ese escrito no apuntan precisamente en esa línea, más bien al contrario. Las conclusiones son contundentes al indicar que, a pesar de que los hechos no alcanzan «la calificación de arbitrariedad flagrante que haya causado la lesión de un derecho o interés colectivo que merezca la intervención de la jurisdicción penal», incide en que entiende que «el salto de un lugar de enterramiento a otro, uno o dos puestos más abajo, para comodidad de los familiares de un difunto frente a otro, puede considerarse una corruptela o irregularidad sancionable administrativa y políticamente».

El fallo, al que ha tenido acceso Mediterráneo, recoge las declaraciones de los testigos llamados en la fase de instrucción. Todos ellos, salvo las dos concejalas del PP investigadas también en esta causa, coinciden en señalar que la orden de tapar un nicho fue dada por el entonces alcalde.

LAS EVIDENCIAS / En concreto, uno de ellos admitió en su interrogatorio que «recibió una llamada de Óscar Clavell y le dijo que siguiera las instrucciones de la funeraria y con relación al nicho 46, le dijo que debería quedar tapado», tal y como se transcribe en las conclusiones judiciales.

El escrito también precisa: «Las autorizaciones de enterramiento aquí enjuiciadas son nulas de pleno derecho», aunque al considerar que no existe un perjuicio al Ayuntamiento --el denunciante-- los hechos investigados «no son constitutivos de delito alguno».

El tripartito no insistirán en la vía penal ni optará por la administrativa para no culpabilizar a los funcionarios implicados, que conocían los hechos y, sin embargo, no los llegaron a denunciar.

Pese a la actualidad del caso, este se tocó muy por encima en el pleno de ayer, donde solo el edil de Som la Vall, Óscar Langa, preguntó a la alcaldesa, Tania Baños, cómo recibió la noticia. Esta respondió que «era una situación esperada». Ya fuera de la sesión, dos personas del público también interpelaron a Clavell. La munícipe le ofreció la opción de responderles, pero el popular se negó.