P ese a lo ocurrido en Onda, donde el Ayuntamiento denunció este martes que las enfermeras escolares «fueron expulsada de los colegios por orden expresa de la Conselleria de Educación», a lo que esta repuso que dicho personal no depende de su departamento y alegó motivos de seguridad para evitar contagios de covid-19 en las aulas, varias localidades de la provincia continúan con sus planes para implantar este servicio durante el nuevo curso.

Este es el caso de Benicàssim, cuyo consistorio sigue adelante con la licitación del servicio para empezar en octubre. La alcaldesa, Susana Marqués, se mostró «sorprendida» por lo ocurrido en Onda, dado que «aquí llevamos 12 años con este servicio y desde la Conselleria no hemos recibido ninguna comunicación por escrito al respecto». También señalan que ha «causado malestar» que no se deje acceder a las enfermeras por no ser personal de Educación ni de Sanidad, «dado que tampoco lo son los conserjes, limpiadoras o monitores», apuntó la alcaldesa.

Marqués defendió que este servicio «es efectivo y sirve para reforzar la protección de la salud de los escolares, sobre todo ahora con la pandemia del covid-19».

También ha llevado a cabo todos los trámites para implantar la enfermera escolar el Ayuntamiento de Sant Joan de Moró, que está a la espera de los permisos de Sanidad y Educación, tal como explicó el alcalde, Vicente Pallarés.

Donde ya se está ofreciendo este servicio, al igual que durante los últimos años, es en Segorbe, localidad donde cuentan con una enfermera para el colegio público Pintor Camarón desde octubre del 2016, aunque el pasado febrero lo ampliaron a los centros concertados La Milagrosa y Seminario.

Por lo que respecta a la situación en Onda, las dos enfermeras continúan trabajando, si bien en las instalaciones municipales.

En este sentido, el director territorial de Educación, Alfred Remolar, incidió ayer en que el problema reside en el acceso de estas profesionales a los centros educativos, «ya que corremos el riesgo de romperla trazabilidad de los alumnosy debemos minimizar riesgos». Remolar se mostró dispuesto a asesorar a los alcaldes sobre esta cuestión, dado que «los ayuntamientos no tienen competencias en Educación y Sanidad, por lo que existe un vacío legal». De hecho, apuntó la posibilidad de que Sanidad pudiese estudiar cómo dar cobertura a este servicio, insistiendo en que «toda prevención es poca».