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Peñíscola pide a Gobierno y Consell más mano dura contra el ‘top manta’

La localidad exige una legislación más enérgica para erradicar esta práctica. Urge a tratar el impacto económico y el efecto de la venta ilegal en el comercio

 

Con la llegada de la Semana Santa y el periodo estival, el paseo marítimo de Peñíscola se llena de ‘manteros’ que exponen sus artículos en el suelo. - ROIG

BARTOMEU ROIG
22/03/2017

El Ayuntamiento de Peñíscola ha aprobado una moción en el pleno en la que se reclama por parte del resto de administraciones públicas una mayor implicación en la lucha contra la venta ilegal en la calle. Se trata de una problemática que, en los últimos ejercicios, se ha recrudecido en numerosos municipios turísticos, como la Ciudad en el mar, que afecta a las cuentas de resultados del comercio tradicional y que se intensificará con la Semana Santa.

La declaración, consensuada por el conjunto de grupos políticos del consistorio, fue aprobada con los votos a favor de todos los ediles, con la excepción del concejal no adscrito Juan Ángel Trillo. Al no formar parte de ningún grupo, no participó en las negociaciones, según afirmó durante la sesión. El texto propone que tanto la Generalitat Valenciana como el Gobierno central elaboren una serie de informes que evalúen el impacto económico que tiene el denominado top manta y sus consecuencias para las tiendas. En concreto, aluden a las consellerias de Industria y Comercio, y Hacienda y Administraciones Públicas; mientras que esta petición se eleva también a los Ministerios de Presidencia, Empleo y Seguridad Social y Hacienda y Administraciones Públicas.

La moción no se limita al análisis de la cuestión, sino que instan al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy; y al jefe del Consell, Ximo Puig, a que promuevan «la tramitación de una legislación más enérgica que persiga esta actividad ilegal y permita su erradicación». En cuanto a la lucha de las fuerzas de seguridad, aluden al Ministerio del Interior, a la Delegación del Gobierno en la Comunitat Valenciana y la Subdelegación del Gobierno en Castellón «para que se incremente la acción policial contra las mafias organizadas de tráfico de personas y de productos ilegales».

El portavoz del equipo de gobierno local, Romualdo Forner, explicó que la iniciativa «tiene como origen el compromiso asumido en un consejo sectorial de comercio para generar una reclamación en defensa de los intereses del sector en contra de todas estas prácticas ilegales».

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