El servicio de la unidad de respiro de Peñíscola, que arrancó su andadura en el mes de marzo, se trasladará dentro de unos meses desde su actual ubicación, en las dependencias de Servicios Sociales de la calle Río, hasta la que todavía es la sede del centro de salud de la localidad.
Las previsiones de las autoridades apuntan a que el nuevo ambulatorio abra sus puertas en el transcurso del mes de octubre, con lo que el edificio de la calle Marcelino Roca quedaría liberado y podrá destinarse a otros usos distintos al actual.
A este respecto, el alcalde, Andrés Martínez, defiende que este emplazamiento definitivo de la unidad de respiro permitirá aunar varios elementos, como “alojar un centro de día con todos los servicios de voluntariado complementarios que se requieren, convirtiendo este enclave en el centro dedicado a usos sociales de referencia en la localidad”.
El primer edil peñiscolano añade que la preparación de los presupuestos municipales para el próximo ejercicio del 2017 ya contempla una partida para habilitar el centro de salud actual --de propiedad municipal-- como sede de recursos sociales.
ARGUMENTOS // Uno de los argumentos que defienden este cambio es el emplazamiento de este edificio, entre el casco antiguo y las calles de la zona suburbana. En cuanto al funcionamiento de la unidad de respiro, el Ayuntamiento ha aprobado de forma inicial su reglamento, que rige los criterios de acceso para los usuarios de la misma, así como las posibilidades de horarios.
La unidad cuenta con la colaboración económica de la Diputación de Castellón, y tiene una capacidad máxima para acoger a una docena de usuarios.
La concejala de Bienestar Social, María Jesús Albiol, ha indicado que para el próximo año “nos estamos planteando la posibilidad de ampliar el horario, y que también haya servicio por las tardes”. En la actualidad, está abierto de lunes a viernes por las mañanas, con 14 horas semanales de atención a los usuarios.
La unidad de respiro empezó a funcionar el pasado mes de marzo y en ella se presta atención a personas mayores con problemas de discapacidad física o de deterioro cognitivo, y a afectados por dolencias como demencias o alzhéimer en su fase más inicial.
