El Ayuntamiento de Peñíscola, a través de la junta local de gobierno, ha formalizado ante el Ejecutivo central su petición de contar con vigilantes de seguridad para completar el operativo estival. Desde el consistorio indican que la solicitud del correspondiente permiso «ha sido remitido a la Subdelegación del Gobierno», con la intención de tener cerrada la contratación para los meses de mayor afluencia de visitantes a este destino turístico.

La medida no está exenta de polémica, ya que desde el sindicato UGT califican la propuesta municipal de «ilegal», al ver en esta operación un intento de suplantar las funciones que corresponden a los agentes. Por parte del gobierno local indican que existen precedentes en puntos costeros de la provincia de Tarragona, como el Vendrell, y que estos contratados «no sustituyen la labor del cuerpo de policía, sino que harán actividades de vigilancia en casos determinados, como el cumplimiento de las ordenanzas de venta ambulante», en referencia a los puestos de top manta que, con la llegada del buen tiempo, empiezan a hacer acto de presencia en el paseo marítimo.

ESPERA / Las autoridades locales están a la espera de conocer la respuesta de la administración central y detallar cómo se hará este despliegue en caso de tener el visto bueno. Otro caso reciente de colaboración de vigilantes ocurre en la Vilavella, ya que varios agentes que aprobaron su plaza están en el proceso de formación obligatorio y una agente se halla de baja por embarazo.

Como es habitual en municipios turísticos, Peñíscola suele contratar agentes interinos para reforzar la plantilla en los meses de verano, cuando aumenta la población, pero la normativa autonómica en vigor impide este procedimiento. En el 2018, un decreto del Consell abrió la posibilidad a contar con eventuales, pero con el mes de junio comenzado no hay constancia de que se repita la fórmula. «Preferimos tener policías a vigilantes, porque no podemos sustituir las funciones que tienen los agentes, sino solo dar una ayuda en situaciones determinadas», defienden desde el Ayuntamiento.