La mejora de la avenida de la Mar, el asfaltado de algunas calles o el traslado de la sede de la Policía Local hasta el Centro de Estudios. Estas son las inversiones que el Ayuntamiento de Peñíscola no puede realizar, según indica el concejal de Urbanismo, Romualdo Forner, debido a la obligación de hacer frente al pago de sentencias judiciales. Unas resoluciones que tienen su origen en las decisiones tomadas por anteriores gobiernos locales, y que ahora se deben cumplir, tras haberse extinguido las posibilidades de recurso. El cálculo realizado por la Concejalía de Hacienda concluye que, en los dos últimos años, se han tenido que destinar a estos conceptos un total de 2.235.567,98 euros, fruto del pago de indemnizaciones, costas judiciales y de abogados. El edil atribuye este importante esfuerzo económico a “la irresponsable gestión llevada a cabo por parte de gobiernos anteriores”.

El caso más importante hasta la fecha es el de la conocida como Sentencia Llopis, cuyo origen está en una expropiación irregular realizada en los años 80, cuando ostentaba la alcaldía por el PSOE el actual edil de Esquerra Unida, Rafael Serrat. Tras agotar todas las vías legales posibles, el Ayuntamiento tuvo que hacer frente a una indemnización de casi seis millones de euros para compensar a los propietarios de unos terrenos situados cerca del actual aparcamiento Voramar. Recibido el varapalo, desde el consistorio iniciaron un proceso de negociación con los afectados, por el que se acordó un aplazamiento del pago a 10 años, a razón de 500.000 euros anuales. Una partida que deberá seguir apareciendo en los presupuestos.

A esta sentencia cabe sumar, por el momento, la correspondiente al edificio Mirad’Or, construcción a la que no concedieron la licencia de obras, por lo que se inició un proceso legal que supuso la autorización de la actuación y una compensación por daños y perjuicios de 700.000 euros.

exigen RESPONSABILIDADES // El edil de Urbanismo añade que en el futuro podría haber nuevas sentencias condenatorias por casos parecidos. “Con esta hipoteca que podría superar en los próximos años hasta los 12 millones, nos vemos en la obligación de exigir que haya responsabilidades políticas, ya que la ley no permite exigirlas de otro tipo, a quien capitaneó el desastre”, explica.

El alcalde, Andrés Martínez, también pide responsabilidades, pues “las resoluciones judiciales dejan muy claro qué sucedió y qué fue lo que se hizo mal”. H