Nuevo paso para encontrar la luz al final del largo túnel en el que se ha convertido la revisión del Plan General de Ordenación (PGOU) de Peñíscola. Tras haber agotado el plazo de dos años de prórroga para seguir con la tramitación, una delegación del consistorio mantuvo un encuentro en la sede de la Conselleria de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio, con la finalidad de «clarificar conceptos y consensuar una hoja de ruta», señaló ayer el concejal de Urbanismo, Romualdo Forner.

El edil fue recibido por el subdirector territorial de Ordenación del Territorio, Vicent Doménech, junto a técnicos sendas administraciones. Uno de los puntos de fricción tiene como escenario el entorno de Racó Calent. «Es una zona que permite desarrollos, pero desde el equipo redactor y el ejecutivo local consideramos que también existe margen de crecimiento ordenado en otra parte del término», próxima a la carretera de enlace con Benicarló y la CV-141, según explicó Forner.

Los siguientes movimientos consistirán en la elaboración de un anexo en la actual documentación sobre el futuro del PGOU, «que será enviada al Ayuntamiento y se tratará en una comisión de Urbanismo para remitirla de manera oficial a la administración autonómica y que dé su parecer», continuó el concejal. En el anexo defenderán que, basándose en los estudios de población de la Estrategia Territorial de la Comunitat Valenciana, existe todavía un margen de maniobra.

«Buscamos el acuerdo entre las partes y, una vez se conozca la postura de la Conselleria, se decidirá si emprendemos la fase final o bien se decide seguir con el planeamiento vigente», incidió. El actual plan tiene 40 años de existencia y ha sufrido cambios parciales. Otro factor tiene que ver con las elecciones de mayo.

PATIVEL / Por otro lado, la revisión está a expensas de la decisión judicial sobre el plan de protección de la costa, el Pativel. Peñíscola presentó un recurso. «Hasta que no haya una resolución no tiene sentido redactar un PGOU, porque la sentencia influirá en el proceso», dijo Forner. Aun así, las actuales normas «apenas dejan margen a los ayuntamientos» y, en el caso de Peñíscola, «supondrán una desclasificación masiva», próxima a los 10 millones de metros cuadrados.