Tras la celebración, esta semana, de la Junta Rectora de la Serra d’Irta, en la que se comunicó la intención de la Generalitat de restringir el paso de vehículos en el parque natural, los representantes de los ayuntamientos de Alcalá-Alcossebre, Santa Magdalena y Peñíscola hacen frente común para solicitar que la administración autonómica concrete cómo se llevarán a cabo los controles y asuma el gasto que genere la actuación.

En este sentido, Francisco Juan, alcalde de Alcalà-Alcossebre (PP), indicó que «la propuesta del Consell no está bien definida en algunos aspectos, entre ellos, cómo se controlará el acceso y el coste económico que supondrá la puesta en marcha del dispositivo. Por eso, en la junta rectora se acordó crear una comisión técnica de seguimiento, de la que también formaremos parte los municipios y esperamos que sea en ese órgano cuando la propuesta se concrete y resulte factible y realizable», y añadió que, respecto a la inversión necesaria, «ha de ser la Generalitat valenciana la que asuma la financiación del transporte para acceder, y, según su propuesta, será habilitando una línea de microbuses; deben partir de la base que los ayuntamientos somos las administraciones menos dotadas económicamente y no podemos asumir el coste».

En la misma línea, Miguel Castell, concejal del área de Medio Ambiente de Peñíscola (PP), hace hincapié en la necesidad de que Generalitat «apueste por la sostenibilidad de este entorno y habilite los recursos necesarios para poner en práctica todas las iniciativas de consenso, en cumplimiento de sus competencias, ya que se encarga de la gestión del parque».

Por su parte, Sergio Bou, alcalde de Santa Magdalena (PSPV), señaló que las restricciones de acceso planteadas, «han de repercutir en una inversión por parte del Consell en la mejora de las pistas, para que pueda circular el transporte público», y destacó «la unanimidad en la decisión de limitar el acceso de vehículos y la creación de una comisión técnica, que es la que finalmente perfilará los detalles para entrar al parque».

El control de vehículos en los accesos de la Serra d’Irta es una reivindicación de años que capitanea el Ayuntamiento de Peñíscola. El pasado mes de noviembre, tras una reunión de la Junta Rectora del Parque Natural, el concejal de Medio Ambiente, Miguel Castell, solicitó al gobierno del ‘Botànic’ que recuperara la inversión que destinaba a parques naturales, «ya que se ha reducido en un 50% en los últimos cinco años», aseguró entonces, y reiteró la exigencia de medidas de control porque, durante el verano del pasado año, contabilizaron la entrada de más de 20.000 vehículos al parque. Una cifra que el edil consideró «excesiva» y, a la vista de este dato, esta semana, en el último encuentro de la Junta, desde la Generalitat anunciaron que tomarán medidas. El consistorio aplaude esta decisión, pero insiste en que se habilite un control de entrada y una zona de aparcamiento. Sobre el acceso de propietarios y vecinos, los tres municipios --Peñíscola, Alcalà-Alcossebre y Santa Magdalena-- reclaman que se garantice.