El senador de Compromís, Carles Mulet; y la senadora Dolors Pérez han formalizado varias preguntas e iniciativas en el Senado para reclamar que “no sean los consumidores de gas, las empresas y las economías domésticas, principalmente, los que acaben pagando la mala gestión y planificación que se ha llevado del proyecto energético Castor de Vinaròs”. “La responsabilidad correspondería asumirla tanto a la empresa promotora de la iniciativa, como a la clase política que apoyó el proyecto y lo facilitó hasta el punto de poner el aparato legislativo y ejecutivo al servicio de lo que Compromís considera ha sido un peligroso pelotazo en toda regla”, explicó Mulet.
La aplicación de la Orden del Ministerio de Industria, Energía y Turismo publicada a finales del 2015 en el Boletín Oficial del Estado (BOE) a lo largo de 30 años es un “insulto” para la coalición, “ya que los costes serán repercutidos sobre la tarifa del gas sin contraprestación. Es decir, por un servicio de almacenamiento que no se da”. Por otro lado, piden saber si el Gobierno central tiene previsto desmantelar la infraestructura o mantiene el interés estratégico. H
