Los consorcios de basuras de la provincia de Castellón son noticia en las últimas semanas debido a sus problemas por motivos económicos y varapalos judiciales. Una situación delicada en un servicio público básico para la ciudadanía y cuya calidad está en peligro. La Diputación de Castellón ha salido al rescate con el pago de tres millones de euros para el de la zona norte, mientras que el sur pide 3,7 millones de euros para salvarse.

¿Quién integra los organismos de gestión?

Los consorcios están formados por la unión de la Generalitat, la Diputación y los municipios integrados en cada proyecto para tratar los residuos urbanos. La zona norte --C1-- aúna 49 localidades, el 40% de la superficie de la provincia. La C2 está compuesta por las poblaciones con más vecinos, como Castellón, Onda, Vila-real, l’Alcora, Benicàssim, Betxí, Burriana o Almassora, entre otros. El área C3/V1 son 56 ciudades (35 de ellas en las comarcas del Alto Palancia y la Plana Baixa) y el resto pertenecen a Valencia.

¿Cómo se financia este servicio público?

Las plantas de residuos funcionan gracias a la aportación de los propios vecinos, con el pago del impuesto de basuras y de recogida de residuos, así como las inversiones de las instituciones (Consell, Diputación y consistorios) que forman parte de los consorcios existentes, con distinta proporción cada uno de ellos.

¿Qué contratiempos sufren en los últimos tiempos?

En el de la zona norte, el principal problema es la sentencia que tendrá que afrontar de 2,2 millones de euros para pagar a los propietarios de parcelas sobre las que se levantó la planta de residuos de Cervera, tras la expropiación de los terrenos. Mientras, en el consorcio de la zona sur se acumulan unas deudas que ascienden a los 2,6 millones de euros. Un contexto por el que los bancos no presentan ofertas para dar un crédito al ente y afecta a los pagos que debe recibir la compañía concesionaria.

¿Cómo han salvado estas graves dificultades?

El presidente de la Diputación, Javier Moliner, aprobó con carácter de urgencia una transferencia de tres millones de euros al consorcio que da servicio a la zona norte de la provincia ante las dificultades económicas que atraviesa y que ponían en peligro un servicio adecuado a los vecinos. En el sur, piden también ser rescatados por el ente provincial con 3,7 millones.